STS Cláusulas Suelo, retroactividad 9 de Mayo 2013

T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
PLENO
Presidente Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán
SENTENCIA
Sentencia Nº: 138/2015
Fecha Sentencia: 24/03/2015
CASACIÓN
Recurso Nº: 1765/2013
Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimando
Votación y Fallo: 25/02/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Rafael Sarazá Jimena
Procedencia: Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Córdoba
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
Escrito por: MRP
Nota:
Recurso de casación. Acción colectiva de cesación de uso de condición
general que establece una cláusula suelo por falta de transparencia.
CASACIÓN Num.: 1765/2013
Ponente Excmo. Sr. D.: Rafael Sarazá Jimena
Votación y Fallo: 25/02/2015
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
PLENO
SENTENCIA Nº: 138/2015
Excmos. Sres.:
D. Francisco Marín Castán
D. José Ramón Ferrándiz Gabriel
D. José Antonio Seijas Quintana
D. Antonio Salas Carceller
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Francisco Javier Orduña Moreno
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Sebastián Sastre Papiol
D. Eduardo Baena Ruiz
D. Xavier O’Callaghan Muñoz
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Marzo de dos mil quince.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida en pleno, ha
visto el recurso de casación núm. 1765/2013, interpuesto por la
procuradora D.ª M.ª del Rosario Novales Durán, asistida por los letrados
D. Luis Díez-Picazo Ponce de León, D. Ignacio Díez-Picazo Giménez y
D. Emilio Blanco Martínez, en nombre de “Cajasur Banco S.A.U.”, antes
“BBK Bank Cajasur, S.A.U.”, entidad representada ante esta Sala por el
procurador D. Gerardo Tejedor Vilar, contra la sentencia núm. 91/2013,
de 21 de mayo, dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial
de Córdoba, en el rollo de apelación núm. 101/2013, dimanante de los
autos de juicio verbal núm. 266/2010, seguidos ante el Juzgado de lo
Mercantil núm. 1 de Córdoba, anteriormente Juzgado de Primera
Instancia núm. 9. Ha sido recurrida la “Organización Nacional de
Consumidores, Causa Común”, representada ante esta Sala por la
procuradora D.ª M.ª José Rodríguez Teijeiro, bajo la asistencia del letrado
D. Rafael López Montes. Ha sido parte el Ministerio Fiscal.
ANTECEDENTES DE HECHO
Tramitación en primera instancia
PRIMERO.- La “Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios
(AUSBANC CONSUMO), presentó, con fecha 25 de junio de 2010, ante
el Decanato de los Juzgados de Córdoba, demanda de juicio verbal
contra “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, Caja sur”, que
tuvo entrada en el Juzgado de lo Mercantil núm. 1, donde fue registrada
como juicio verbal núm. 266/2010, en la que tras alegar los hechos y
fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicó al Juzgado:
«[…] dicte en su día sentencia por la que:
1.- Declare la nulidad, por tener el carácter de cláusula abusiva, de
la condición general de la contratación descrita en el hecho tercero de la
presente demanda, es decir, de la cláusula de los contratos de préstamos
a interés variable, celebrados con consumidores o usuarios, que
establecen un tipo mínimo de interés o un tipo mínimo de referencia.
2.- Condene a la entidad financiera a eliminar dicha condición
general de la contratación, u otras que, en otros términos, establezcan el
mismo contenido de determinar un tipo de interés mínimo a pagar por el
prestatario, de las condiciones generales de los contratos de préstamo, y
a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo.
3.- Se ordene la publicación del fallo de la sentencia dictada en el
presente procedimiento, junto con el texto de las cláusulas afectadas, con
los gastos a cargo de la demandada y condenada, o en el Boletín Oficial
del Registro Mercantil, o en un periódico de los de mayor difusión de la
provincia, o en ambos medios a la vez, de forma que esa publicación
ocupe, en el caso del periódico, al menos, una página, en caracteres
tipográficos que supongan un cuerpo o tamaño de letra superior a 10, en
sistema informático Word, y tipo de letra “Times NET Román”, para lo
cual se les dará un plazo de quince días desde la notificación de la
sentencia.
4.- Ordene la inscripción registrad de la sentencia y, en
consecuencia, dicte mandamiento al titular del Registro de Condiciones
Generales de la Contratación, que resulte competente, para la inscripción
de la sentencia estimatoria de las acciones ejercitadas en el presente
procedimiento en el citado Registro.
5.- Condene en costas a la demandada, con expresa imposición.»
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la
misma a la parte demandada y al Ministerio Fiscal y se citó a las partes
para la celebración de vista.
TERCERO.- La demandada presentó escrito en solicitud de
sucesión procesal de “BBK Back, S.A.”, -que posteriormente cambió su
denominación a “BBK Back Caja sur, S.A.”-, respecto de la demandada
original “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba.
CUARTO.- En el acto del juicio, la demandante y el Ministerio
Fiscal aceptaron la sucesión procesal y su señoría acordó admitirla y
tener por personada en calidad de demandada a la entidad “BBK Bank
Cajasur, S.A.U.”.
El Ministerio Fiscal se adhirió a la pretensión de la demanda. La
entidad demandada planteó la falta de legitimación activa de la
“Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc Consumo” y se
acordó la suspensión de la vista para su resolución. Mediante auto, se
acordó estimar la falta de legitimación activa, resolución que fue recurrida
en apelación y posteriormente desestimada.
QUINTO.- Convocada de nuevo la vista y tras seguir los trámites
oportunos, el magistrado juez de lo Mercantil núm. 1 de Córdoba dictó la
sentencia núm. 404/2012, de 16 de noviembre, con el siguiente fallo:
«Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por [el]
Ministerio Fiscal contra BBK Cajasur S.A. y debo declarar la nulidad de la
cláusula contenido en los préstamos celebrados por la entidad
demandada con el siguiente contenido:
“Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el tipo de
interés aplicable no podrá ser inferior al 3% nominal anual ni
superar el 12% nominal anual. Si al cálculo efectuado según el
criterio de variación pactado resultan unos tipos inferiores o
superiores a los límites fijados anteriormente, se aplicarán estos
últimos”.
Y se condena a la entidad BBK Bank Cajasur S.A. a eliminar
dicha condición general de la contratación de las condiciones generales
de los contratos de préstamo, y a abstenerse de utilizarla en lo sucesivo.
Y se ordena la publicación del fallo de la sentencia dictada en el
presente procedimiento junto contexto de las cláusulas afectadas, en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un periódico de los de mayor
difusión de la provincia de Córdoba, en ambos casos a cargo de la
demandada. Respecto a la publicación en el periódico deberá ocupar al
menos una página en caracteres tipográficos que supongan un cuerpo o
tamaño de letra superior a 10, en sistema informático Word, y tipo de
letra Times New Roman en el plazo de 15 días desde la notificación de
la sentencia.
Y se ordena la inscripción registral de la sentencia en el Registro
de Condiciones Generales de la Contratación.
Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las
costas causadas en el presente procedimiento.»
SEXTO.- La demandada solicitó aclaración de la referida
sentencia, que se acordó mediante auto, en el sentido siguiente: «[…]
procede suplir la omisión padecida en los siguientes términos:
– En el fundamento jurídico primero, en su apartado final, debe
incluirse la siguiente estipulación:
“Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el tipo de
interés aplicable en cada periodo, ya resulta de la aplicación de la
referencia inicial o de los sustitutos previstos no podrá será (sic)
inferior al 4% nominal anual ni superar el 12 % nominal anual”
– [En el] El fundamento jurídico quinto, párrafo décimo, tendrá el
siguiente tenor:
“Este juzgador, anticipa que considera que la relación
cláusula suelo y techo controvertida (del 3 y 12 % y deI 4 y 12 %
respectivamente) crean un desequilibrio sustancial en los
derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del
consumidor.
– El último párrafo del fundamento jurídico quinto tendrá el
siguiente tenor:
“En las cláusulas suelo y techo nos encontramos que una
de las partes (las entidades de crédito) son profesionales del
sector de la intermediación del crédito y por tanto tienen una
posición de conocimiento privilegiado del mercado (los datos
pretéritos y las expectativas futuras) frente al consumidor que
carece de este conocimiento y de los medios para disponer de la
información suficiente para ello. Por tanto, la entidad de crédito
desde esta posición privilegiada y preferente tiene la obligación
de evitar que se produzca una situación de desequilibrio a la hora
de fijar los límites de las cláusulas. Examinado el historial del
índice utilizado de referencia (Mibor) nos encontramos que en los
últimos 12 años ha oscilado entre un 1 y un 5 %, presentando tan
solo en dos momentos puntuales (en el año 2000 un máximo del
5,24 % y en el año 2008 un máximo del 5,39 %) unos índices
superiores al 5 %, pero en ningún caso superior al 6 %. Además,
nos encontramos que desde enero de 1999 hasta octubre de
2012 (166 meses) durante 100 meses el Mibor ha estado por
debajo del 3 %. Tenemos que remontarnos a casi 20 años
(noviembre de 1993) para encontrarnos con un índice superior a
la cláusula techo, en un momento histórico en el que nos
encontrábamos con circunstancias económicas muy diferentes
como por ejemplo la duración media del plazo de las hipotecas
que era notoriamente inferior a la duración media actual que se
ha incrementado notablemente con su consiguiente repercusión
en cuanto a los [interés del] intereses a devolver. Todos estos
datos de los que dispone este juzgador, unidos a todos los que
dispone y pueden disponer las entidades de crédito como
profesionales del sector, nos lleva a considerar que no existe
proporcionalidad al pactar una cláusula suelo del 3 % y
correlativamente una cláusula techo del 12 %. Volvemos a insistir,
no se declara la nulidad de la cláusula suelo contemplada sino la
relación entre la cláusula suelo y la cláusula techo fijada, que
determina la más que frecuente aplicación de la cláusula suelo
(100 de los últimos 166 meses) y la extraordinaria aplicación de la
cláusula techo (tan solo aplicable en hace casi 20 años y
difícilmente aplicable en el futuro al encontramos en la actualidad
con un índice referenciar inferior al 1%). Por lo tanto, no existe el
justo equilibrio entre las contraprestaciones de las partes como
exige el art. 80.1.c) de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, por lo procede estimar la nulidad de
esta condición general de conformidad con el articulo 8 de la Ley
de Condiciones Generales de la Contratación y por tanto se
estima la demanda en el sentido de condenar a la entidad
financiera a eliminar dicha condición general de contratación que
implica un desequilibrio entre las prestaciones de las partes al fijar
una cláusula suelo de 3 o 4 % y una cláusula techo del 12 %, sin
que pueda estimar la demanda en los términos pretendidos por
los demandantes en el sentido de eliminar cualquier tipo de
cláusula suelo.”
– La parte dispositiva tendrá el siguiente contenido:
“Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
formulada por Ministerio Fiscal contra BBK Bank Cajasur SA. y
debo declarar la nulidad de las cláusulas contenidas en los
préstamos celebrados por la entidad demandada con el siguiente
contenido:
‘Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el tipo de
interés aplicable no podrá ser inferior al 3% nominal anual ni
superar el 12% nominal anual. Si al cálculo efectuado según el
criterio de variación pactado resultan unos tipos inferiores o
superiores a los límites fijados anteriormente, se aplicarán estos
últimos’.
“Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el tipo de
interés aplicable en cada periodo, ya resulta de la aplicación de la
referencia inicial o de los sustitutos previstos no podrá será (sic)
inferior al 4% nominal anual ni superar el 12% nominal anual”
Y se condena a la entidad BBK Bank Cajasur SA. a eliminar
dichas condiciones general de la contratación de las condiciones
generales de los contratos de préstamo, y a abstenerse de utilizarla en
lo sucesivo.
Y se ordena la publicación del fallo de la sentencia dictada en el
presente procedimiento Junto con texto de las cláusulas afectadas, en el
Boletin Oficial del Registro Mercantil y en un periódico de los de mayor
difusión de la provincia de Córdoba, en ambos casos a cargo de la
demandada. Respecto a la publicación en el periódico deberá ocupar al
menos una página en caracteres tipográficos que supongan un cuerpo o
tamaño de letra superior a 10, en sistema informático Word, y tipo de
letra Times New Roman en el plazo de 15 días desde la notificación de
la sentencia.
Y se ordena la inscripción registral de la sentencia en el Registro
de Condiciones Generales de la Contratación.
Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las
costas causadas en el presente procedimiento.»
Tramitación en segunda instancia
SÉPTIMO.- La demandada interpuso recurso de apelación contra
la sentencia dictada en primera instancia y su auto de aclaración y
suplicó al Juzgado: «[…] tras los trámites legales oportunos, lo eleve a la
Excma. Audiencia Provincial de Córdoba, a la que solicito dicte sentencia
estimatoria de este recurso, revocando la del Juzgado, con
desestimación de la demanda.»
OCTAVO.- El Ministerio Fiscal presentó escrito en el que
manifestó: «[…] el recurso debe ser desestimado en su integridad.»
La demandante se opuso al recurso interpuesto de adverso y
solicitó al Juzgado: «[…] se remitan las actuaciones completas o por
testimonio a la Ilma. Audiencia Provincial, y en su día se dicte resolución
por la que con desestimación total del recurso de apelación se confirme
íntegramente la resolución recurrida en todos sus extremos, con condena
en costas a la parte contraria.»
NOVENO.- La resolución del recurso de apelación correspondió a
la sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, que lo tramitó
con el núm. 101/2013, quien, tras seguir los correspondientes trámites,
dictó la sentencia núm. 91/2013, de 21 de mayo, cuyo fallo disponía:
«Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la
representación procesal de BBK Bank Cajasur SAU contra la sentencia
que en 16 de noviembre de 2013 dictó el Juzgado de lo Mercantil nº 1 [nº
9] de Córdoba en juicio verbal nº 266/10, debemos confirmar como
confirmamos meritada resolución sin hacer expresa imposición de costas
en esta alzada.»
DÉCIMO.- La apelante solicitó aclaración de la sentencia dictada
en apelación, por entender que la misma debía haber establecido qué
consumidores se consideraban afectados y, en su caso, los datos,
características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su
caso, instar la ejecución o intervenir en ella, si la instara la asociación
demandante. Mediante auto se acordó no haber lugar a la aclaración.
Interposición y tramitación del recurso de casación
UNDÉCIMO.- “Cajasur Banco S.A.U., antes BBK Bank Cajasur,
S.A.U., interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada en
apelación, que fundamentó en los siguientes motivos:
» Primer motivo.- […] La sentencia recurrida infringe el artículo
80.1 TRLCU por incluir en él un deber de transparencia inexistente en
nuestro ordenamiento jurídico.
» Segundo.- […] Aceptando dialécticamente que el artículo 80.1
TRLCU incorpora un deber de transparencia de cláusulas no negociadas
individualmente con consumidores, la sentencia de la Audiencia
Provincial de Córdoba, objeto de este recurso de casación vulnera el
artículo 80.1 TRLCU, al considerar no transparentes las cláusulas suelo
con base en los criterios enunciados en la sentencia de 9 de mayo de
2013.
» Tercero.- […] Aceptando dialécticamente que el artículo 80.1
TRLCU incorpora un deber de transparencia de cláusulas no negociadas
individualmente con consumidores y que la transparencia de las
cláusulas suelo debe ser examinada con base en los criterios expuestos
en la sentencia de 9 de mayo de 2013, la sentencia de la Audiencia
Provincial de Córdoba objeto de este recurso de casación vulnera el
artículo 80.1 TRLCU al considerar abusivas las cláusulas suelo con base
en los criterios de la sentencia de 9 de mayo de 2013.
» Cuarto.- […] La sentencia recurrida infringe la doctrina
establecida en una sentencia de Pleno de la Sala 1ª TS de 9 de mayo de
2013, en dos criterios o máximas:
1ª) El “casuismo que impregna el juicio de valor sobre el carácter
abusivo de las cláusulas cuando afecta a la suficiencia de información”,
obliga a ceñir la eficacia de los pronunciamientos” a quienes oferten en
sus contratos cláusulas idénticas a las declaradas nulas, cuando no se
hallen completadas por otras que eliminen los aspectos declarados
abusivos” (apartado 300 de la sentencia de 9 de mayo de 2012).
2ª) “Las circunstancias enumeradas constituyen parámetros
tenidos en cuenta para formar el juicio de valor abstracto referido a las
concretas cláusulas analizadas. No se trata de una relación exhaustiva
de circunstancias a tener en cuenta con exclusión de otra. Tampoco
determina que la presencia aislada de alguna, o algunas, sea suficiente
para que pueda considerarse no transparente la cláusula a efectos de
control de su carácter eventualmente abusivo” (auto de aclaración de 3
de junio de 2013).
DUODÉCIMO.- La Audiencia Provincial remitió las actuaciones a
esta Sala, con emplazamiento de las partes. Personadas las mismas, se
dictó auto de 18 de marzo de 2014, cuya parte dispositiva disponía: «La
Sala acuerda:
» 1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la
representación procesal de la entidad “Cajasur Banco S.A.U.” contra la
sentencia dictada, el día 21 de mayo de 2013, por la Audiencia Provincial
de Córdoba (sección 3ª), en el rollo de apelación n.º 101/2013, dimanante
del juicio verbal n.º 266/2010 del Juzgado de lo mercantil nº 1 de
Córdoba.»
DECIMOTERCERO.- Del escrito de interposición del recurso, con
sus documentos adjuntos, se dio traslado a la parte recurrida, quien
presentó escrito de oposición, que terminaba suplicando: «[…] dicte
Sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso de casación,
confirmándose pues íntegramente la resolución recurrida, con condena
en costas a la entidad recurrente.»
DECIMOCUARTO.- Se pasaron las actuaciones al Ministerio
Fiscal, quien informó lo siguiente: «[…] formulamos la oposición al
recurso de casación interpuesto, interesando la confirmación de la
sentencia, con las consecuencias legales que de ello se deriven.»
DECIMOQUINTO.- De los documentos que acompañaban al
escrito de oposición, se dio traslado a la contraparte, quien formuló las
alegaciones que estimó convenientes.
DECIMOSEXTO.- Al no haber solicitado todas las partes la
celebración de vista, quedó el presente recurso pendiente de vista o
votación y fallo.
DECIMOSÉPTIMO.- Se designó ponente al que lo es en este
trámite y se acordó resolver el presente recurso por el pleno de la Sala,
previa votación y fallo del mismo, señalándose el día 25 de febrero de
2015 para que éstos tuvieran lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. RAFAEL SARAZÁ
JIMENA,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Antecedentes del caso
1.- “Cajasur Banco S.A.U.” (en lo sucesivo, Cajasur) ha recurrido
en casación la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que
desestimó su recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado
Mercantil que estimó en parte la demanda interpuesta por “Asociación de
Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc Consumo” en la que ejercitaba
una acción colectiva de cesación de la condición general de la
contratación que Cajasur utilizaba en sus préstamos hipotecarios a
interés variable, y que era del siguiente tenor:
«Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el tipo de
interés aplicable en cada periodo no podrá ser inferior al [en unos
préstamos era el 3%, en otros, el 4%] nominal anual ni superar el
12% nominal anual. Si del cálculo efectuado según el criterio de
variación pactado resultaran unos tipos inferiores o superiores a los
límites fijados anteriormente, se aplicarán estos últimos».
La cláusula cuestionada se encontraba incluida en una extensa
estipulación de la escritura pública que contenía varias previsiones
relativas al tipo de interés inicial, índice de referencia y diferencial, forma
y plazos de revisión del tipo de interés e índices de referencia
sustitutivos.
2.- El Juzgado Mercantil había apreciado la nulidad de la condición
general, y condenó a Cajasur a eliminarla de sus contratos de préstamo y
a abstenerse de utilizarla de nuevo. Acordó asimismo la publicación del
fallo de la sentencia y su inscripción en el Registro de Condiciones
Generales de la Contratación.
3.- La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación que
Cajasur interpuso contra la sentencia del Juzgado Mercantil, para lo cual
aplicó la doctrina sentada en la sentencia de esta Sala núm. 241/2013, de
9 mayo (en lo sucesivo, sentencia núm. 241/2013), que había sido
dictada pocos días antes.
4.- El recurso de casación de Cajasur se basa en cuatro motivos.
Alega que la sentencia de esta Sala núm. 241/2013, que declaró la
nulidad de determinadas condiciones generales de la contratación que
contenían la denominada “cláusula suelo”, por falta de transparencia, y
en la cual se basaba la sentencia de la Audiencia Provincial recurrida, es
errónea y que sus criterios deben ser revocados. De hecho, el interés
casacional que alega para justificar la admisibilidad del recurso es la
pretensión de modificación de la jurisprudencia.
Por ello, dedica tres de los cuatro motivos de casación a combatir
las razones de los pronunciamientos contenidos en la sentencia núm.
241/2013, para que esta Sala las rectifique o, cuanto menos, plantee
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en
lo sucesivo, TJUE). En el cuarto motivo plantea que, en el caso de que no
se estimen los tres motivos anteriores, se considere que la sentencia de
la Audiencia Provincial de Córdoba objeto del recurso vulnera los criterios
establecidos en la sentencia núm. 241/2013, por cuanto se limita a
transcribir acríticamente algunos de sus argumentos, y no ha razonado si
hay otros aspectos en esta litis que eliminen los aspectos declarados
abusivos en la citada sentencia de esta Sala.
SEGUNDO.- Formulación del primer motivo del recurso
1.- El primer motivo del recurso de casación se encabeza así: «la
sentencia recurrida infringe el artículo 80.1 TRLCU por incluir en él un
deber de transparencia inexistente en nuestro ordenamiento jurídico».
2.- Los argumentos que fundamentan este motivo pueden
resumirse en que el control de transparencia de las condiciones
generales y cláusulas no negociadas individualmente en contratos con
consumidores que la sentencia núm. 241/2013 enuncia como distinto y
añadido al control de inclusión, configurándose como un doble filtro de
transparencia, carece de base jurídica tanto en nuestro ordenamiento
interno como en el comunitario, puesto que la Directiva 93/13/CEE del
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores (en lo sucesivo, Directiva 93/13/CEE), en
sus arts. 4.2 y 5, no establece la obligatoriedad del control de
transparencia, ni tampoco se establece en ningún pronunciamiento del
TJUE. Por ello, alega la recurrente, no existe una exigencia de
interpretación del ordenamiento interno conforme a la Directiva que
imponga ese control de transparencia, sin perjuicio de que los Estados
Miembros puedan optar por establecerlo al transponer la Directiva
93/13/CEE, lo que no sucede en el caso del art. 80.1 del Texto Refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en
adelante, TRLCU).
De lo anterior se deriva, según Cajasur, que al declarar que las
cláusulas sobre elementos esenciales del contrato pueden ser
enjuiciadas a través del control de transparencia que asegure su
comprensibilidad o comprensión real por el consumidor adherente, el
Tribunal Supremo, en la citada sentencia núm. 241/2013, hace una labor
de creación judicial del Derecho, que no está admitida en nuestro
ordenamiento jurídico, y no una labor de hermenéutica jurídica, que es la
única que podría realizar el órgano judicial.
Concluye Cajasur que la afirmación contenida en la sentencia
núm. 241/2013 de que una cláusula en un contrato concertado con
consumidores no es transparente si no se asegura su comprensibilidad
real, de modo que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la
carga económica que para él supone realmente el contrato celebrado
como la posición jurídica que para él resulta de dicho contrato, es un
sugerente postulado “de lege ferenda” [para una futura reforma de la ley]
pero no se deriva de ningún precepto vigente ni de ningún
pronunciamiento del TJUE.
TERCERO.- Decisión de la Sala. Fundamento jurídico del
control de transparencia
1.- Esta Sala ha declarado en varias sentencias la procedencia de
realizar un control de transparencia de las condiciones generales de los
contratos concertados con consumidores, y en especial de aquellas que
regulan los elementos esenciales del contrato, esto es, la definición del
objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución.
Esta línea jurisprudencial se inicia en sentencias como las núm.
834/2009, de 22 de diciembre, 375/2010, de 17 de junio, 401/2010, de 1
de julio, y 842/2011, de 25 de noviembre, y se perfila con mayor claridad
en las núm. 406/2012, de 18 de junio, 827/2012, de 15 de enero de 2013,
820/2012, de 17 de enero de 2013, 822/2012, de 18 de enero de 2013,
221/2013, de 11 de abril, 638/2013, de 18 de noviembre y 333/2014, de
30 de junio. Y, en relación a las condiciones generales que contienen la
denominada “cláusula suelo”, puede citarse tanto la referida sentencia
núm. 241/2013, de 9 de mayo, como la posterior sentencia núm.
464/2014, de 8 de septiembre.
2.- La recurrente alega que este control de transparencia carece
de base jurídica y responde al mero voluntarismo de la Sala, pues no
tiene anclaje en ninguna norma, nacional o comunitaria europea, ni en la
jurisprudencia del actualmente denominado Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (en adelante, TJUE).
La Sala no comparte esta apreciación de la recurrente.
3.- El art. 4.2 de la Directiva1993/13/CEE, de 5 abril, sobre
cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, establece
que «la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a
la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre
precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan
de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas
cláusulas se redacten de manera clara y comprensible».
La sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, con referencia a la
anterior sentencia núm. 406/2012, de 18 de junio, consideró que el
control de contenido que puede llevarse a cabo en orden al posible
carácter abusivo de la cláusula no se extiende al equilibrio de las
«contraprestaciones», que identifica con el objeto principal del contrato, a
que se refería la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios en el artículo 10.1.c en su redacción originaria, de tal forma que
no cabe un control del precio. En este sentido, la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, STJUE) de 30 de abril
de 2014, asunto C-26/13, declara, y la de 26 de febrero de 2015, asunto
C-143/13, ratifica, que la exclusión del control de las cláusulas
contractuales en lo referente a la relación calidad/precio de un bien o un
servicio se explica porque no hay ningún baremo o criterio jurídico que
pueda delimitar y orientar ese control. Pero, se añadía en la citada
sentencia núm. 241/2013, con la misma referencia a la sentencia anterior,
que una condición general defina el objeto principal de un contrato y que,
como regla, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no
supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia.
Este doble control consistía, según la sentencia núm. 241/2013, en
que, además del control de incorporación, que atiende a una mera
transparencia documental o gramatical, «conforme a la Directiva
93/13/CEE y a lo declarado por esta Sala en la Sentencia 406/2012, de
18 de junio, el control de transparencia, como parámetro abstracto de
validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de
interpretación general del Código Civil del «error propio» o «error vicio»,
cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por
objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la
«carga económica» que realmente supone para él el contrato celebrado,
esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la
prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del
mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los
presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado,
como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o
desarrollo del mismo». Por ello, seguía diciendo nuestra sentencia, «la
transparencia documental de la cláusula, suficiente a efectos de
incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y empresarios, es
insuficiente para impedir el examen de su contenido y, en concreto, para
impedir que se analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso
que la información suministrada permita al consumidor percibir que se
trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que
incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un
conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede
jugar en la economía del contrato».
Por tanto, que las cláusulas en los contratos concertados con
consumidores que definen el objeto principal del contrato y la adecuación
entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que
hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, se redacten de
manera clara y comprensible no implica solamente que deban posibilitar
el conocimiento real de su contenido mediante la utilización de caracteres
tipográficos legibles y una redacción comprensible, objeto del control de
inclusión o incorporación (arts. 5.5 y 7.b de la Ley española de
Condiciones Generales de la Contratación –en adelante, LCGC). Supone,
además, que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que
gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas en caracteres
legibles, impliquen subrepticiamente una alteración del objeto del contrato
o del equilibrio económico sobre el precio y la prestación, que pueda
pasar inadvertida al adherente medio.
El art. 4.2 de la Directiva1993/13/CEE conecta esta transparencia
con el juicio de abusividad («la apreciación del carácter abusivo de las
cláusulas no se referirá a […] siempre que dichas cláusulas se redacten
de manera clara y comprensible»), porque la falta de transparencia trae
consigo un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor,
consistente en la privación de la posibilidad de comparar entre las
diferentes ofertas existentes en el mercado y de hacerse una
representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener la
prestación objeto del contrato según contrate con una u otra entidad
financiera, o una u otra modalidad de préstamo, de entre los varios
ofertados.
Por tanto, estas condiciones generales pueden ser declaradas
abusivas si el defecto de transparencia provoca subrepticiamente una
alteración no del equilibrio objetivo entre precio y prestación, que con
carácter general no es controlable por el juez, sino del equilibrio subjetivo
de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el
consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en la
contratación.
4.- La sentencia núm. 241/2013 basaba dicha exigencia de
transparencia, que iba más allá de la transparencia “documental”
verificable en el control de inclusión (arts. 5.5 y 7 LCGC), en los arts. 80.1
y 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios (en lo sucesivo, TRLCU), interpretados
conforme al art. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE, y citaba a tales efectos
lo declarado en la STJUE de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, caso
RWE Vertrieb AG, respecto de la exigencia de transparencia impuesta
por tal directiva, conforme a la cual el contrato debe exponer «de manera
transparente el motivo y el modo de variación de tal coste, de forma que
el consumidor pueda prever, sobre la base de criterios claros y
comprensibles, las eventuales modificaciones del coste».
5.- La STJUE de 30 de abril de 2014, dictada en el asunto C-
26/13, en relación a las condiciones generales empleadas en un
préstamo multidivisa, confirma la corrección de esta interpretación, al
afirmar que «la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales
establecida por la Directiva 93/13 no puede reducirse sólo al carácter
comprensible de éstas en un plano formal y gramatical» (párrafo 71), que
«esa exigencia de transparencia debe entenderse de manera extensiva»
(párrafo 72), que «del anexo de la misma Directiva resulta que tiene un
importancia esencial para el respeto de la exigencia de transparencia la
cuestión de si el contrato de préstamo expone de manera transparente el
motivo y las particularidades del mecanismo de conversión de la divisa
extranjera, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por
otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que un
consumidor pueda prever, sobre la base de criterios precisos y
comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo»
(párrafo 73), y concluir en el fallo que «el artículo 4, apartado 2, de la
Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, en relación con
una cláusula contractual como la discutida en el asunto principal, la
exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera
clara y comprensible se ha de entender como una obligación no sólo de
que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente
para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera
transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de
la divisa extranjera al que se refiere la cláusula referida, así como la
relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a
la entrega del préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar,
basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias
económicas derivadas a su cargo».
Esta doctrina ha sido reiterada en la posterior STJUE de 26 de
febrero de 2015, asunto C-143/13, cuyo párrafo 74 declara: «de los
artículos 3 y 5 de la Directiva 93/13 y de los puntos 1, letras j) y l), y 2,
letras b) y d), del anexo de la misma Directiva resulta, en particular, que
para satisfacer la exigencia de transparencia reviste una importancia
capital la cuestión de si el contrato de préstamo expone de manera
transparente los motivos y las particularidades del mecanismo de
modificación del tipo del interés, así como la relación entre dicha cláusula
y otras cláusulas relativas a la retribución del prestamista, de forma que
un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios
precisos y comprensibles, las consecuencias económicas que para él se
derivan (véase, en este sentido, la sentencia Kásler y Káslerné Rábai,
EU:C:2014:282, apartado 73)».
6.- Lo expuesto lleva a la desestimación de este motivo del
recurso. La Sala, en la sentencia núm. 241/2013, no ha realizado una
labor de “creación judicial del Derecho” que exceda de su función de
complemento del ordenamiento jurídico que le asigna el art. 1.6 del
Código Civil, sino que ha interpretado la normativa interna a la luz de la
letra y la finalidad de la Directiva 93/13/CEE, tal como esta ha sido
interpretada por la jurisprudencia del TJUE.
No procede por tanto el planteamiento de cuestión prejudicial ante
el TJUE, por cuanto que el mismo ya ha dictado varias sentencias en las
que fija con claridad el alcance del control de transparencia que resulta
de los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE.
CUARTO.- Formulación del segundo motivo del recurso de
casación
1.- El segundo motivo del recurso de casación se encabeza del
siguiente modo: «aceptando dialécticamente que el artículo 80.1 TRLCU
incorpora un deber de transparencia de cláusulas no negociadas
individualmente con consumidores, la sentencia de la Audiencia
Provincial de Córdoba, objeto de este recurso de casación vulnera el
artículo 80.1 TRLCU, al considerar no transparentes las cláusulas suelo
con base en los criterios enunciados en la sentencia de 9 de mayo de
2013».
2.- Los argumentos que se alegan para fundamentar el motivo son,
resumidamente, que los criterios enunciados en la sentencia núm.
241/2013 para declarar la falta de transparencia de las cláusulas suelo
son incorrectos, pues infravaloran indebidamente muchos elementos de
la normativa vigente y de la práctica actual generalizada, como son los
requisitos establecidos en la Orden de 5 de mayo de 1994 y el deber de
advertencia notarial.
Alega la recurrente que algunos hechos o conductas en que se
basa la conclusión de falta de transparencia no se deben a la voluntad o
capricho de las entidades financieras sino que estas venían obligadas a
ello por la Orden de 5 de mayo de 1994, como es el caso de que las
cláusulas suelo se contengan junto a las cláusulas techo, que venía
impuesto dicha Orden.
Asimismo, afirma el recurso, la sentencia parte de un determinado
sesgo en la valoración, derivado de los bajos tipos de interés de los
últimos años, pues valora la falta de transparencia únicamente sobre la
coyuntura económica de los años más recientes.
Cajasur considera erróneos los criterios tomados en consideración
por la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 241/2013 para
declarar la falta de transparencia de las cláusulas suelo, como ocurre con
la afirmación de que se crea una apariencia falsa de estar ante un
contrato de interés variable, dada la duración de los préstamos
hipotecarios y la imposibilidad de prever la evolución de los tipos de
interés; la afirmación de que falta información suficiente de que se trata
de un elemento definitorio del objeto principal del contrato y sin embargo
se les dio un tratamiento impropiamente secundario, puesto que tal
afirmación se basa exclusivamente sobre la apreciación del informe del
Banco de España sobre cuál era la preocupación de los clientes al
contratar, el importe inicial de la cuota, y no se valoran las consecuencias
de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 ni el deber de advertencia
del notario; la afirmación de que se crea una apariencia de que el suelo
tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo, puesto
que la normativa sectorial impone que la cláusula de limitación de los
tipos de interés contenga tanto las limitaciones a la baja como al alza; la
afirmación de que se ubican entre una abrumadora cantidad de datos
entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del
consumidor en el caso de las empleadas por el BBVA, pues es
consecuencia ineludible de la exigencia de exhaustividad y de la
contratación en masa, e infravalora el alcance de la oferta vinculante y la
advertencia notarial; la afirmación de que faltan simulaciones de
escenarios diversos, relacionados con el comportamiento
razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar,
y la inexistencia de advertencia clara y comprensible sobre el coste
comparativo con otros productos de la propia entidad, puesto que tales
simulaciones fueron meras recomendaciones del Banco de España en el
informe que realizó para el Senado en 2010 y es imposible concebir
simulaciones que cubran siquiera una pequeña parte de los escenarios
posibles.
Y, por último, alega Cajasur que el control de transparencia con
base en los criterios expresados en la sentencia solo puede ser
apreciada caso por caso, dada la concomitancia con el error vicio del
consentimiento.
QUINTO.- Decisión de la Sala. Corrección de los criterios
empleados en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm.
241/2013 para aplicar el control de transparencia
1.- Una vez sentado que la denominada “cláusula suelo” debe ser
objeto de un control de transparencia que vaya más allá del control de
incorporación, que verifique que la información suministrada permite al
consumidor saber que se trata de una cláusula que define el objeto
principal del contrato y puede incidir de forma importante en el contenido
de su obligación de pago, y que el adherente puede tener un
conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega en la
economía del contrato, ha de abordarse la impugnación que el recurso
hace de los criterios empleados por la sentencia recurrida, en tanto que
esta asume la doctrina sentada en la sentencia de esta Sala núm.
241/2013, para verificar si se ha cumplido esa exigencia de
transparencia.
2.- La doctrina sentada en la sentencia núm. 241/2013 no
infravalora la normativa vigente cuando se interpuso la demanda, y en
concreto la Orden de 5 de mayo de 1994, sino que le otorga la
trascendencia adecuada, que es la de garantizar razonablemente la
observancia de los requisitos exigidos por la LCGC para la incorporación
de las cláusulas de determinación de los intereses y sus oscilaciones en
función de las variaciones del Euribor. Pero el cumplimiento de las
prescripciones de dicha norma no garantiza, por sí solo, la necesaria
transparencia de las condiciones generales que recogen la cláusula
suelo, de modo que el consumidor adherente pueda hacerse una idea
cabal y suficiente de las importantes consecuencias económicas que
puede tener la inserción de dicha cláusula.
Las referencias que el recurso hace a la Orden Ministerial de 28 de
octubre de 2011 y a la Ley 1/2013, de 14 de mayo, no pueden ser
tomadas en consideración, puesto que no estaban en vigor cuando se
emplearon las condiciones generales cuestionadas; es más, son
posteriores a la presentación de la demanda.
3.- Tampoco se infravalora la actuación del notario autorizante de
la escritura de préstamo hipotecario. Como se afirmó en la sentencia de
esta Sala, de Pleno, núm. 464/2014, de 8 de septiembre, «sin perjuicio de
la importante función preventiva que los Notarios realizan sobre el control
previo de las condiciones generales de la contratación que, conforme a la
caracterización y alcance del control de transparencia expuesto, la
comprensibilidad real debe inferirse del propio juego o desarrollo de la
reglamentación predispuesta, de forma que la lectura de la escritura
pública y, en su caso, el contraste de las condiciones financieras de la
oferta vinculante con la del respectivo préstamo hipotecario, no suplen,
por ellos solos, sin protocolo o actuación específica al respecto, el
cumplimiento de este especial deber de transparencia».
Debe tomarse en consideración que el art. 84 TRLCU solo prevé
que el notario no autorizará los contratos o negocios jurídicos en los que
se pretenda la inclusión de cláusulas declaradas nulas por abusivas en
sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la
Contratación. Y que el art. art. 7. 3. 2. c) de la Orden Ministerial de 5 de
mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los
préstamos hipotecarios, al prever que el notario advertirá sobre los «[…]
límites a la variación del tipo de interés», establece que «en particular
cuando las limitaciones no sean semejantes al alza y a la baja, el Notario
consignará expresamente en la escritura esta circunstancia, advirtiendo
de ello a ambas partes». Y, como se declaró en la sentencia de esta Sala
núm. 241/2013, la razón de considerar abusiva las condiciones generales
que establecían la cláusula suelo, objeto de aquella sentencia, no era el
desequilibrio entre el suelo y el techo, sino la falta de transparencia en el
establecimiento del suelo por debajo del cual no bajaría el tipo de interés
variable pactado.
Por último, la intervención del notario tiene lugar al final del
proceso que lleva a la concertación del contrato, en el momento de la
firma de la escritura de préstamo hipotecario, a menudo simultáneo a la
compra de la vivienda, por lo que no parece que sea el momento más
adecuado para que el consumidor revoque una decisión previamente
adoptada con base en una información inadecuada.
4.- No es correcta tampoco la afirmación que realiza el recurso en
el sentido de que la normativa sectorial impone que la cláusula de
limitación de los tipos de interés contenga tanto las limitaciones a la baja
como al alza, sin que la recurrente haga más precisiones al respecto.
El apartado 3 del anexo II de la Orden Ministerial de 5 de mayo de
1994 impone que cuando se establezcan límites máximos y mínimos a la
variación del tipo de interés aplicable al préstamo, se expresarán dichos
límites en términos absolutos, expresándose en forma de tipo de interés
porcentual los citados límites máximo y mínimo, cuando puedan
expresarse así al tiempo del otorgamiento del documento de préstamo, o
de cualquier otro modo, siempre que resulte claro, concreto y
comprensible por el prestatario, y sea conforme a Derecho.
No impone, por tanto, que “suelo” y “techo” se incluyan en una
misma cláusula, y menos aún que se haga creando la apariencia de que
el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo.
5.- Tampoco la exigencia de exhaustividad en la información y la
contratación en masa justifica, como alega el recurso, que no pueda
darse la información sobre un elemento esencial del contrato, en cuanto
que conformador del precio, con un tratamiento adecuado a tal carácter y
de un modo que permita al consumidor hacerse una idea adecuada de
las consecuencias económicas que dicha cláusula puede suponer para
él, de modo que pueda hacer una comparación adecuada con otras
ofertas de préstamos teniendo en cuenta no solo el importe del diferencial
que debe sumarse al índice de referencia, sino también la existencia o no
de un suelo por debajo del cual nunca bajará el tipo de interés, y conocer
adecuadamente su posición jurídica y económica derivada del contrato
que suscribe.
6.- En cuanto al “sesgo” que el recurso atribuye al enjuiciamiento
del tribunal, que se dice influenciado por las circunstancias económicas
más recientes, no deja de ser una opinión personal de la recurrente, que
como tal difícilmente puede ser combatida si no es negando que se haya
adoptado algún “sesgo” inadecuado por la Sala. Simplemente se ha
constatado el perjuicio que la inserción de dicha condición general, de
forma no transparente, supone para el consumidor adherente cuando
como consecuencia de la fuerte bajada de los tipos de referencia, el
interés que paga por el préstamo hipotecario es superior al que resultaría
de la aplicación de los diferenciales, más altos, ofertados por entidades
financieras competidoras, que no incluían en los clausulados de sus
préstamos la llamada “cláusula suelo”, de un modo que no pudo ser
previsto al contratar por la falta de transparencia en la inserción de la
condición general en el contrato.
La afirmación contenida en el recurso acerca de la “imposibilidad”
de hacer simulaciones de escenarios diversos se contradice con la
afirmación de que el propio Banco de España, en el informe que presentó
al Senado, proponía que se hicieran, y carece de un fundamento
razonable.
El recurso también niega que mediante la utilización de estas
cláusulas de modo no transparente se cree una falsa apariencia de
préstamos a interés variable. El argumento tampoco se acepta, puesto
que la explicación dada en la sentencia acerca del tratamiento secundario
dado a la cláusula suelo y la falta de información adecuada sobre su
trascendencia económica en el desenvolvimiento de la relación
contractual justifica tal afirmación.
Otras consideraciones del motivo del recurso se refieren a la
disconformidad con la valoración de distintos elementos fácticos y
pruebas, que muestran simplemente que la recurrente no comparte la
decisión adoptada por el tribunal, pero que no constituyen propiamente la
alegación de una infracción legal sustantiva que pueda ser rebatida por la
Sala al resolver el recurso de casación.
En todo caso, el recurso de casación tiene por objeto la revocación
de la decisión adoptada en la sentencia recurrida como consecuencia de
la denuncia de las infracciones legales que hayan podido cometerse en
su fundamentación, pero no la discusión de todos y cada uno de los
razonamientos contenidos en la sentencia recurrida (es más, en este
caso, en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en la que se
basa la sentencia de la Audiencia Provincial recurrida, pues se llega a
impugnar razonamientos de la sentencia de esta Sala que la sentencia de
la Audiencia Provincial no recoge expresamente), incluso aunque no
puedan considerarse como esenciales para la decisión del litigio, en el
sentido de que, aceptada su incorrección, el fallo hubiera sido otro.
7.- Por último, la alegación de que el control de transparencia con
base en los criterios expresados en la sentencia solo puede ser
apreciado caso por caso, no se comparte, porque es incompatible con la
regulación que tanto el Derecho interno como el comunitario hacen de la
acción colectiva.
Las acciones colectivas tienen una destacada importancia en el
control de las cláusulas abusivas utilizadas en contratos concertados con
consumidores, como resulta de los arts. 12 y siguientes LCGC y 53 y
siguientes TRLCU, complementados por los preceptos de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que regulan el ejercicio de las acciones colectivas,
los efectos de las sentencias que los resuelven y su ejecución, que
responden a las exigencias de art. 7 de la ya citada Directiva 93/13/CEE,
y de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19
de mayo de 1998 relativa a las acciones de cesación en materia de
protección de los intereses de los consumidores, y con anclaje
constitucional en el art. 51.1 de la Constitución.
De acuerdo con la tesis mantenida en el recurso, nunca podría
realizarse un control abstracto de la validez de las condiciones generales
de los contratos celebrados con consumidores porque sería incompatible
con tener en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso
concreto, y lo que para un consumidor pudiera considerarse abusivo por
causar un desequilibrio perjudicial para sus derechos en contra de las
exigencias de la buena fe, para otro consumidor con una superior
formación o posición económica no lo sería.
El control abstracto de validez de las condiciones generales de la
contratación opera tomando en consideración lo que puede entenderse
como un consumidor medio (apartados 148, 152 y 253 de la sentencia
núm. 241/2013) y las características de las pautas estandarizadas de la
contratación en masa (apartados 148 y 157 de dicha sentencia). Negar la
posibilidad de un control abstracto y obligar a cada consumidor a litigar
para que se declare la nulidad de la condición general abusiva supondría
un obstáculo difícilmente salvable para la protección de sus legítimos
intereses económicos mediante procedimientos eficaces, como les
garantiza la normativa comunitaria y la interna, incluida la Constitución
(art. 51.1).
La posibilidad de tal control abstracto se justifica por la existencia
de condiciones generales de la contratación empleadas en una pluralidad
de contratos y en la utilización por la predisponente de pautas
estandarizadas en la contratación de estos préstamos, propias de la
contratación en masa.
Siguiendo los argumentos del recurso, no podrían ejercitarse
acciones colectivas en materia de publicidad engañosa, o tampoco serían
posibles enjuiciamientos que supusieran la formulación de juicios de valor
abstractos de cuestiones tales como la confusión marcaria o constitutiva
de competencia desleal, dadas las diferencias en la percepción de las
ofertas publicitarias, los signos distintivos o las presentaciones de
productos que pueden producirse entre los distintos receptores de tales
comunicaciones y que obligarían a realizar el enjuiciamiento caso por
caso.
SEXTO.- Formulación del tercer motivo del recurso
1.- El enunciado que encabeza el tercer motivo del recurso es el
siguiente: «aceptando dialécticamente que el artículo 80.1 TRLCU
incorpora un deber de transparencia de cláusulas no negociadas
individualmente con consumidores y que la transparencia de las
cláusulas suelo debe ser examinada con base en los criterios expuestos
en la sentencia de 9 de mayo de 2013, la sentencia de la Audiencia
Provincial de Córdoba objeto de este recurso de casación vulnera el
artículo 80.1 TRLCU al considerar abusivas las cláusulas suelo con base
en los criterios de la sentencia de 9 de mayo de 2013».
2.- Los argumentos que se exponen en el recurso para fundar este
motivo son, resumidamente, que la sentencia núm. 241/2013 formula un
criterio de imposible verificación al mencionar como criterio que debe
tomarse en consideración para enjuiciar el carácter abusivo de una
condición general «la evolución previsible de las circunstancias si estas
fueron tenidas en cuenta o hubieran debido serlo con los datos al alcance
de un empresario diligente, cuando menos a corto o medio plazo».
También considera erróneo que se afirme que «es preciso ceñir el
examen de abusividad de la cláusula o cláusulas impugnadas en el
momento de la litispendencia», pues habría que tomar en consideración
lo ocurrido durante los años en que la cláusula se haya utilizado.
Cajasur, en su recurso, critica también que el juicio de abusividad
quede diluido en el juicio de transparencia, de modo que toda cláusula
suelo no transparente sea abusiva.
Considera por último la recurrente que sin la aplicación de la
cláusula suelo los tipos medios aplicables a la cartera hipotecaria habrían
sido muy altos, y que las cláusulas suelo utilizadas en España no son
desproporcionadas, exponiendo una serie de datos sobre el tipo medio
de los suelos hipotecarios, su relación con el interés legal del dinero, la
inflación y el coste medio de. préstamo hipotecario a tipo variable en el
resto de Europa, así como sobre la función económica de las cláusulas
suelo y la repercusión económica de dejar de aplicarlas.
SÉPTIMO.- Decisión de la Sala. Falta de transparencia y
carácter abusivo de la condición general
1.- La toma en consideración, como criterio general para enjuiciar
el carácter abusivo de una condición general, de «la evolución previsible
de las circunstancias si estas fueron tenidas en cuenta o hubieran debido
serlo con los datos al alcance de un empresario diligente, cuando menos
a corto o medio plazo» no es contrario al ordenamiento jurídico. Podrá
cuestionarse si en un caso concreto es posible prever esa evolución, y
con qué alcance, pero no que ese pronóstico de evolución de las
circunstancias relevantes en la contratación sea una cuestión sin
importancia y no deba considerarse como un criterio general en dicho
enjuiciamiento.
Por otra parte, que el enjuiciamiento abstracto de la validez de una
condición general ha de hacerse teniendo en cuenta el momento de la
litispendencia no supone que no se tome en consideración la evolución
de las circunstancias relevantes acaecida hasta ese concreto momento,
como de hecho se hace en la sentencia núm. 241/2013.
2.- La crítica que se formula acerca de que el juicio de abusividad
queda diluido en el juicio de transparencia, de modo que toda cláusula
suelo no transparente es abusiva, no se considera correcta.
La sentencia núm. 241/2013 afirma que «la falta de transparencia
no supone necesariamente que sean desequilibradas» (apartado 250).
Tal afirmación se explica porque esa falta de transparencia puede ser,
excepcionalmente, inocua para el adherente, pues pese a no poder
hacerse una idea cabal de la trascendencia que determinadas
previsiones contractuales pueden provocar sobre su posición económica
o jurídica en el contrato, las mismas no tienen efectos negativos para el
adherente.
Pero no es ese el supuesto de las llamadas “cláusulas suelo”. La
falta de transparencia en el caso de este tipo de condiciones generales
provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor,
objetivamente incompatible con las exigencias de la buena fe, consistente
en la imposibilidad de hacerse una representación fiel del impacto
económico que le supondrá obtener el préstamo con “cláusula suelo” en
el caso de bajada del índice de referencia, lo que priva al consumidor de
la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas
existentes en el mercado. Como decíamos en la sentencia núm.
241/2013, apartado 218, «la oferta como interés variable, no completada
con una información adecuada, incluso cuando su ubicación permite
percatarse de su importancia, se revela así engañosa y apta para
desplazar el foco de atención del consumidor sobre elementos
secundarios que dificultan la comparación de ofertas. El diferencial del
tipo de referencia, que en la vida real del contrato con cláusula suelo
previsiblemente carecerá de transcendencia, es susceptible de influir de
forma relevante en el comportamiento económico del consumidor».
3.- Las consideraciones sobre la función económica de las
cláusulas suelo y de los efectos de eliminación práctica que se hacen en
la última parte del motivo del recurso no pueden justificar la estimación
del recurso, sin perjuicio de que en la sentencia núm. 241/2013 fueran
tomadas en consideración para fijar los efectos de la nulidad declarada.
Por otra parte, no puede olvidarse que la sentencia núm. 241/2013
consideró que «las cláusulas suelo son lícitas siempre que su
transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como
definidora del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de
riesgos de la variabilidad de los tipos». Por tanto, la sentencia no niega la
licitud, en abstracto, de la cláusula suelo, sino que afirma su carácter
abusivo cuando, pese a superar el control de inclusión, no es
transparente en el sentido que se ha explicado.
OCTAVO.- Formulación del cuarto motivo del recurso
1.- El motivo cuarto se encabeza con el siguiente enunciado: «la
sentencia recurrida infringe la doctrina establecida en una sentencia de
Pleno de la Sala 1ª TS de 9 de mayo de 2013, en dos criterios o
máximas:
»1ª) El “casuismo que impregna el juicio de valor sobre el carácter
abusivo de las cláusulas cuando afecta a la suficiencia de información”,
obliga a ceñir la eficacia de los pronunciamientos” a quienes oferten en
sus contratos cláusulas idénticas a las declaradas nulas, cuando no se
hallen completadas por otras que eliminen los aspectos declarados
abusivos” (apartado 300 de la sentencia de 9 de mayo de 2012).
»2ª) “Las circunstancias enumeradas constituyen parámetros
tenidos en cuenta para formar el juicio de valor abstracto referido a las
concretas cláusulas analizadas. No se trata de una relación exhaustiva
de circunstancias a tener en cuenta con exclusión de otra. Tampoco
determina que la presencia aislada de alguna, o algunas, sea suficiente
para que pueda considerarse no transparente la cláusula a efectos de
control de su carácter eventualmente abusivo” (auto de aclaración de 3
de junio de 2013)».
2.- El motivo se fundamenta en que la sentencia de la Audiencia
Provincial ha desestimado el recurso de apelación sobre la base de
limitarse a citar o transcribir determinados pronunciamientos de la
sentencia núm. 241/2013, sin incluir ninguna consideración o
razonamiento propios del caso enjuiciado. Ello supondría una palmaria
infracción jurídica sustantiva porque no se ha razonado si hay o no otros
aspectos en las cláusulas objeto del litigio que eliminen los aspectos
declarados abusivos en las cláusulas enjuiciadas por la sentencia núm.
241/2013, infringiendo la doctrina establecida en esta, lo cual debería
llevar a casar la sentencia y fallar como órgano judicial de instancia, a
cuyo efecto se debería permitir a la recurrente hacer las alegaciones
sobre aspectos fácticos, con la proposición de las correspondientes
pruebas, y sobre los aspectos jurídicos para realizar el enjuiciamiento
correspondiente.
NOVENO.- Decisión de la Sala. Inexistencia de la infracción
denunciada.
1.- La sentencia de la Audiencia Provincial expone cuál es la
doctrina contenida en la sentencia, del Pleno de esta Sala, núm.
241/2013, y a continuación acomete la tarea de aplicarla al caso
sometido a su consideración. En varios de sus pasajes, hace mención a
la similitud entre el supuesto enjuiciado en la sentencia núm. 241/2013 y
el resuelto por la Audiencia, así como, más concretamente, la similitud de
las propias cláusulas suelo enjuiciadas. Estas menciones constituyen una
motivación adecuada de la aplicabilidad de la doctrina de la sentencia
núm. 241/2013 al supuesto enjuiciado por la Audiencia Provincial.
La sentencia recurrida realiza también una serie de
consideraciones en las que traslada la doctrina sentada en la citada
sentencia de esta Sala al supuesto enjuiciado por la Audiencia Provincial,
como es que en el caso enjuiciado falta información suficientemente clara
de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del
contrato, se inserta de forma conjunta con la cláusula techo y como
aparente contraprestación de la misma, no existen simulaciones de
escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente
previsible del tipo de interés en el momento de contratar, y no hay
información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con
otras modalidades de préstamo de la propia entidad o advertencia de que
al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas.
2.- Lo expuesto muestra que la Audiencia Provincial no se ha
limitado, como pretende Cajasur, a trasladar acríticamente la doctrina
sentada en la sentencia de esta Sala, sin tomar en consideración las
circunstancias concurrentes en el caso enjuiciado, sino que ha justificado
la aplicación de distintos razonamientos de tal sentencia porque los
supuestos sobre los que se pronuncian ambas sentencias son similares,
y concurren las circunstancias fácticas más importantes que
determinaron la declaración por esta Sala de la nulidad de la condición
general que contenía la llamada “cláusula suelo” por falta de
transparencia determinante de su carácter abusivo.
Por tales razones, el motivo debe ser desestimado.
DÉCIMO.- Costas y depósito
1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con
el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso
de casación deben ser impuestas a la recurrente.
2.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de
conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3
de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación
Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida
por el pueblo español.
F A L L A M O S
1.- Desestimar el recurso de casación interpuesto por “Cajasur
Banco S.A.U.” contra la sentencia núm. 91/2013, de 21 de mayo, dictada
por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, en el rollo
de apelación núm. 101/2013.
2.- Imponer a la expresada recurrente las costas del recurso de
casación que desestimamos, así como la pérdida del depósito
constituido.
Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente,
con devolución de los autos y del rollo de Sala.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la
COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias,
lo pronunciamos, mandamos y firmamosFrancisco Marín Castán, José
Ramón Ferrándiz Gabriel, José Antonio Seijas Quintana, Antonio
Salas Carceller, Ignacio Sancho Gargallo, Francisco Javier Orduña
Moreno, Rafael Sarazá Jimena, Sebastián Sastre Papiol, Eduardo
Baena Ruiz, Xavier O’Callaghan Muñoz. FIRMADA Y RUBRICADA.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el
EXCMO. SR. D. Rafael Sarazá Jimena, Ponente que ha sido en el
trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la
Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como
Secretario de la misma, certifico.
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
PLENO
Presidente Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán
SENTENCIA
Sentencia Nº: 139/2015
Fecha Sentencia: 25/03/2015
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Recurso Nº: 138/2014
Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimando
Votación y Fallo: 25/02/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Eduardo Baena Ruiz
Procedencia: Audiencia Provincial de Álava, Sección Primera.
Secretaría de Sala: Sección 002
Escrito por: ezp
Nota:
Contratos Civiles y Mercantiles.
– Cláusula Suelo.
– Efectos restitutorios.
Doctrina: Se fija como doctrina: «Que cuando en aplicación de la
doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada
por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015,
Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada
cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés
variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que
hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de
publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013».
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL Num.: 138/2014
Ponente Excmo. Sr. D.: Eduardo Baena Ruiz
Votación y Fallo: 25/02/2015
Secretaría de Sala: Sección 002
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
PLENO
SENTENCIA Nº: 139/2015
Excmos. Sres.:
D. Francisco Marín Castán
D. José Ramón Ferrándiz Gabriel
D. José Antonio Seijas Quintana
D. Antonio Salas Carceller
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Francisco Javier Orduña Moreno
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Sebastián Sastre Papiol
D. Eduardo Baena Ruiz
D. Xavier O’Callaghan Muñoz
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Marzo de dos mil quince.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados
indicados al margen, ha visto los recursos extraordinario por infracción
procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA «BBVA SA», contra la sentencia
dictada por la Audiencia Provincial de Álava (Sección Primera) el día 21
de noviembre de 2013, en el recurso de apelación 465/2013, interpuesto
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de
Vitoria en los autos de juicio ordinario 8/2013.
Ha comparecido ante esta Sala en calidad de parte recurrente Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria SA «BBVA SA», representada por la
procuradora de los Tribunales doña Ana Llorens Pardo.
Ha comparecido ante esta Sala en calidad de parte recurrida don Andoni
Murga Arteta y doña Ziortza Medivil Eguiluz, representados por la
procuradora doña Isabel Gómez Pérez de Mendiola.
ANTECEDENTES DE HECHO
Tramitación en primera instancia.
1. La procuradora doña Isabel Gómez Pérez de Mendiola, en nombre y
representación de don Andoni Murga Arteta y doña Ziortza Medivil
Eguiluz, interpuso demanda de juicio ordinario, en ejercicio de acción
declarativa de nulidad de condiciones generales de la contratación, y
acción de devolución de cantidad contra la entidad Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA (BBVA SA), suplicando al juzgado:
«[…] tenga por presentado este escrito, con los documentos
acompañados y copia de todo ello, lo admita, me tenga por
comparecido en la representa que ostento de don Andoni Murga
Arteta y doña Ziortza Mendibil Eguiluz mandando se entiendan
conmigo las sucesivas diligencias, y por interpuesta en tiempo hábil
y forma legal DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO, EN EJERCICIO
DE ACCIÓN DECLARATIVA DE NULIDAD DE CONDICIONES
GENERALES DE LA CONTRATACIÓN, Y, accesoriamente,
ACCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD, contra “Banco Bilbao
Vizcaya Argentada SA”, se sirva admitirla y, previos los trámites
procesales pertinentes, dicte en su día sentencia por la que:
1. Declare la nulidad, por tener el carácter de cláusula abusiva, de la
condición general de la contratación descrita en el Hecho Primero
de la presente demanda, es decir, de las cláusulas de los contratos
de préstamo a interés variable que establecen un tipo mínimo de
referencia.
2. Condene a la entidad financiera demandada a eliminar dicha
condición general de la contratación, ambos contratos.
3. Condene a “Banco Bilbao Vizcaya Argentaría SA” a la devolución
al prestatario de la cantidad de “IMPORTE COBRADO HASTA LA
FECHA DE LA DEMANDA”, cobrada en virtud de la aplicación de la
referida cláusula.
4. Condene a “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA” al pago a favor
del prestatario de todas aquéllas cantidades que se vayan pagando
por el prestatario en virtud de la aplicación de la referida cláusula,
con sus intereses legales devengados desde la fecha de cada cobro
y hasta la resolución definitiva del pleito.
5. Condene a la demandada a abonar a mi representado al interés
legal incrementado en dos puntos conforme a lo establecido en el
artículo 576 LEC.
6. Condene en costas a la parte demandada, con expresa
imposición.»
2. Por Decreto de 29 de enero de 2013, el Juzgado de lo Mercantil
número Uno de Vitoria-Gasteiz admitió a trámite la demanda, acordando
el traslado de la misma a la parte demandada para contestar.
La procuradora de los Tribunales doña Soledad Carranceja Díaz, en
nombre y representación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA),
contestó a la demanda y suplicó al juzgado:
«[…] 1. Se sirva estimar la excepción de litis pendencia planteada y,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 421 LEC y de
conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 222
LEC, dé por concluida la audiencia previa disputando el
correspondiente auto del sobreseimiento, con imposición de las
costas a la parte actora.
2. Subsidiariamente a lo anterior y para el caso de que por ese
Tribunal se estime que no existe una total concurrencia de los
presupuestos para estimar la excepción de litispendencia
previamente solicitada, se sirva admitir la concurrencia de la
denominada «litispendencia impropia» prejudicialidad civil y en su
virtud suspenda el presente procedimiento hasta que se resuelva el
recurso de casación que se tramita ante la Sala Primera del Tribunal
Supremo, Autos de Recurso 485/2012, con imposición de las costas
a la parte actora.
3. Subsidiariamente a lo anterior, y para el improbable caso de que
se desestimen las anteriores excepciones, dicte sentencia mediante
la cual se desestime íntegramente la demanda presentada de
contrario, con imposición de las costas causadas a la parte actora.»
3. Por resolución del Juzgado se señaló audiencia previa para el día 26
de marzo de 2013, donde se propusieron las pruebas, declarándose
pertinentes las mismas, señalándose el juicio verbal el día 29 de junio de
2013.
El Juzgado de Primera Instancia número Uno de Vitoria-Gasteiz, dictó
sentencia de fecha 2 de julio de 2013, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:
«Estimar la demanda presentada por la procuradora Sra. Isabel
Gómez Pérez de Mendiola, en nombre de representación de don
Andoni Murga Arteta y doña y Orza Mendivil Eguiluz, contra Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y acordar:
1. Declarar la nulidad, por tener el carácter de cláusula abusiva, de
la cláusula del contrato de préstamo a interés variable que
establece un tipo mínimo de referencia, recogida en el contrato de
préstamo con garantía hipotecaria de fecha 7 mayo 2009,
escriturada por los actores don Andoni Murga Arteta y doña Ziortza
Mendivil y Eguiluz.
2. Condenar a la entidad financiera BBVA a eliminar dicha condición
general de la contratación.
3. Condenar a BBVA a la devolución a los demandantes del importe
cobrado hasta la fecha de la demanda en virtud de la aplicación de
la referida cláusula.
4. Condenar a BBVA al pago a favor de los demandantes de todas
aquellas cantidades que se vayan pagando en virtud de la
aplicación de la referida cláusula, con sus intereses legales
devengados desde la fecha de cada cobro y hasta la resolución
definitiva del pleito.
5. Condenar a la demandada a abonar a los demandantes el interés
legal incrementado en dos puntos conforme a lo establecido en el
artículo 576 LEC y,
6. Condenar a costas a la parte demandada, con expresa
imposición.»
Tramitación en segunda instancia.
4. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de casación la
representación procesal de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA
SA), correspondiendo su resolución a la Sección Primera de la Audiencia
Provincial de Álava, que dictó sentencia el 21 de noviembre de 2013, con
el siguiente fallo:
«Desestimar el recurso interpuesto por BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA SA representado por la procuradora Soledad
Carranceja contra la sentencia dictada por el Juzgado de primera
Instancia número 7 (Mercantil) de Vitoria, en el procedimiento
Ordinario nº 8/2013, confirmando la misma; y con expresa
imposición de costas al recurrente.»
Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por
infracción procesal y de casación.
5. La representación procesal de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,
interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación,
con base en los siguientes motivos:
«Recurso extraordinario por infracción procesal.- Se articula al
amparo del número 2º del artículo 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, por infracción de los Artículos 22, 221, 400 y 413 LEC, en
relación con los efectos derivados de la sentencia del Tribunal
Supremo de 9 de mayo de 2013.
Recurso de casación.- Se articula en un único motivo, por infracción
del artículo 9.3 CE, que establece el principio de seguridad jurídica,
y los artículos 8,1, 9,2 y 10 LCGC y el artículo 1303 CC, relativos a
los efectos de la declaración de nulidad de las condiciones
generales de la contratación y la posibilidad de limitarlos por parte
de los Tribunales, en relación con la doctrina jurisprudencial sentada
por el Tribunal Supremo en sentencia de 9 de mayo de 2013.»
6. Por diligencia de ordenación de 14 de enero de 2014, la Audiencia
Provincial de Álava, tuvo por interpuestos los recursos, acordando elevar
las actuaciones a esta Sala Primera del Tribunal Supremo, emplazando a
las partes para comparecer por término de treinta días.
7. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecieron las partes con
sus respectivos procuradores, ya mencionados anteriormente.
8. Esta Sala dictó Auto el 14 de octubre de 2014, con la siguiente parte
dispositiva:
«1.- Admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción
procesal interpuestos por la representación procesal de la entidad
«Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA» contra la sentencia dictada, el
día 21 de noviembre de 2013, por la Audiencia Provincial de Álava
(Sección 1ª), en el rollo de apelación nº 465/2013, dimanante del
juicio ordinario nº 8/2013 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria.
2.- Dese traslado por el secretario de la Sala del escrito de
interposición de los recursos, con sus documentos adjuntos a la
parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su
oposición en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de
manifiesto las actuaciones en la Secretaría de la Sala.»
9. Admitidos los recursos y evacuado el traslado conferido, la
representación de don Andoni Murga Arteta y doña Ziortza Mendivil y
Eguiluz, manifestó su oposición a los recursos formulados de contrario.
10. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista
pública, se señaló para votación y fallo el día 25 de febrero de 2015,
deliberándose por el Pleno de la Sala.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. EDUARDO BAENA
RUIZ, Magistrado de Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Resumen de Antecedentes.
PRIMERO.- Son hechos relevantes acreditados en la instancia para la
decisión del recurso los siguientes:
1. La representación de don Andoni Murga Arteta y doña Ziortza Mendivil
Eguiluz, presentó demanda de juicio ordinario, de la que conoció el
Juzgado de lo Mercantil número uno de Vitoria-Gasteiz, ejercitando
acción declarativa de nulidad de condición general de la contratación y
acción de reclamación de cantidad contra Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA (BBVA), en la que, tras exponer los hechos en los que
basaba la misma y citar los fundamentos de derecho, terminaba
solicitando que se dictase sentencia por la que: i) Declare la nulidad, por
tener el carácter de cláusula abusiva, de la condición general de la
contratación descrita en el hecho primero de la presente demanda, es
decir, de las cláusulas de los contratos de préstamo a interés variable
que establecen un tipo mínimo de referencia; ii) Condene a la entidad
financiera a eliminar dicha condición general de la contratación en ambos
contratos; iii) Condene a BBVA a la devolución al prestatario de la
cantidad de “importe cobrado hasta la fecha de la demanda”, en virtud de
la aplicación de la referida cláusula; iv) Condene a BBVA al pago a favor
del prestatario de todas aquellas cantidades que se vayan pagando por
éste en virtud de la aplicación de la referida cláusula, con sus intereses
legales devengados desde la fecha de cada cobro y hasta la resolución
definitiva del pleito; v) Condene a la demandada a abonar a mi
representada el interés legal incrementado en dos puntos conforme a lo
establecido en el artículo 576 LEC y; vi) Condene a las costas a la parte
demandada con expresa imposición.
2. La parte demandada se opuso a las pretensiones deducidas en su
contra y el Juzgado dictó sentencia el 2 de julio de 2013, estimatoria de la
demanda, en la que declaraba que la cláusula objeto de debate era una
verdadera condición general de la contratación y además era abusiva,
basándose para ello en numerosas resoluciones judiciales y, entre ellas,
en la sentencia de Pleno de esta Sala, de 9 de mayo de 2013.
A pesar de tener conocimiento de esta sentencia de Pleno de la Sala,
condenó a BBVA a la devolución a los demandantes del importe cobrado
hasta la fecha de la demanda en virtud de la aplicación de la referida
cláusula, pero sin motivar su decisión.
3. Contra la citada sentencia se interpuso recurso de apelación por la
entidad demandada, alegando en el primer motivo del recurso que se ha
producido una pérdida de interés legítimo de las pretensiones deducidas
en la demanda por carencia sobrevenida del objeto del proceso, tras la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y el
Auto de aclaración de 3 de junio de 2013, que ha declarado la nulidad de
las cláusulas suelo suscritas por el BBVA con consumidores que sean
idénticas a las discutidas en el seno de dicho procedimiento,
condenándole a eliminarlas y a cesar en la utilización, declarando a su
vez la irretroactividad de la declaración de nulidad, y consecuentemente
la improcedencia de devolver a los consumidores prestatarios las
cantidades cobradas en aplicación de la cláusula suelo. Refuerza el
motivo del recurso alegando que la cláusula suelo del presente
procedimiento es idéntica a una de las declaradas nulas por el Alto
Tribunal, siendo incuestionable la extensión de los efectos de cosa
juzgada de la antedicha sentencia al presente caso, por lo que las
pretensiones de la parte actora se encuentran juzgadas y han dejado de
tener interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, debiendo
concluir el proceso por carencia sobrevenida de objeto.
4. Correspondió el conocimiento del mencionado recurso de apelación a
la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Álava que dictó
sentencia el día 21 de noviembre de 2013 desestimatoria del mismo.
5. La meritada sentencia contiene como hitos de su motivación los
siguientes: i) La cláusula relativa a los tipos de interés que fue declarada
nula por la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013,
contenida en las condiciones generales de los contratos suscritos con los
consumidores descritas en los apartados 3, 4 y 5 del antecedente de
hecho primero y que condenó a eliminarlas en los contratos en que se
insertan y a cesar en su utilización, es idéntica a la contenida en la
escritura que se acompaña con la demanda del presente pleito.
ii) El Tribunal Supremo ya ha declarado mediante un pronunciamiento
firme la nulidad de la cláusula litigiosa y ha condenado a BBVA a su
eliminación.
iii) Afirma la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26
de abril de 2012 acerca de los efectos frente a terceros de la sentencia
dictada en un proceso en el que se sustancia una acción colectiva de
cesación en defensa de los consumidores que «no se opone a que la
cláusula abusiva que forma parte de las condiciones generales de los
contratos celebrados con consumidores en el marco de una acción de
cesación, contemplada en el artículo 7 de la Directiva, ejercitada contra
un profesional por motivos de interés público y en nombre de los
consumidores por una entidad designada por el Derecho Nacional surta
efectos, de conformidad con dicho Derecho, para cualquier consumidor
que haya celebrado con el profesional de que se trate un contrato al cual
le sean de aplicación las mismas condiciones generales, incluso para los
consumidores que no hayan sido parte en el procedimiento de casación
».
iv) Por aplicación de la doctrina expresada, la cláusula del contrato
suscrito entre BBVA y los actores es nula y respecto de este extremo
puede declararse que existe carencia sobrevenida de objeto como solicita
el recurrente (la entidad financiera).
v) Sin embargo, no ocurre lo mismo en relación a la devolución de las
cantidades reclamadas por los actores puesto que las acciones
ejercitadas son distintas. En el caso resuelto por el Tribunal Supremo se
ejercita la acción de cesación que se dirige a obtener una sentencia que
condene al demandado a eliminar de sus condiciones generales las que
se reputen nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo,
determinando o aclarando cuando sea necesario el contenido del
contrato que ha de considerarse válido y eficaz. Aquella era una
demanda colectiva en la que no se solicitaba la devolución de las
cantidades abonadas en virtud de las condiciones a que afecte la
sentencia. En cambio, en el caso que nos ocupa se ejercita por los
actores la acción de nulidad de la cláusula que considera abusiva y
además la devolución de las cantidades cobradas de más en virtud de
dicha cláusula.
vi) Tras una interpretación de la sentencia de la Sala de 9 de mayo de
2013 sobre este extremo de la irretroactividad, concluye que la cláusula
objeto de la litis es nula desde la firmeza de esta sentencia del Pleno,
pero que esta declaración no afecta a la segunda acción ejercitada, la de
devolución de las cantidades cobradas por el banco en virtud de dicha
cláusula, así como sus intereses.
vii) Añade más adelante, en refuerzo de su decisión, que la acción
ejercitada en la sentencia de esta Sala de 9 de mayo de 2013 era la de
cesación, sin acumular reclamación de cantidad, con la legitimación
restringida, imprescriptible, y eficacia ex nunc, a la vista de los artículos
12,16 y 19 LCGC. En cambio aquí se da respuesta a una acción de
nulidad de los artículos 8 y 9 LCGC, que puede ejercitar cualquier
afectado, sometida a plazo de caducidad y eficacia ex tunc. A juicio del
Tribunal el propio Fundamento Jurídico Séptimo de la Sentencia dictada
por el Tribunal Supremo deja bien claro, igual que el fallo, que la no
retroactividad se refiere a esa sentencia, no a otras que se dicten con
posterioridad.
6. La representación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA)
interpuso contra meritada sentencia recurso extraordinario por infracción
procesal y recurso de casación, al amparo de los artículos 477.2.3º y
477.3 LEC por presentar interés casacional.
El interés casacional lo justificó por: i) oposición de la sentencia recurrida
a la única resolución del Tribunal Supremo (la del Pleno de 9 de mayo de
2013) que se ha pronunciado sobre los efectos derivados de la
declaración de nulidad de las denominadas cláusulas suelo y, ii) en la
existencia de manera notoria de jurisprudencia contradictoria de varias
Audiencias Provinciales con respecto a criterios dispares de la Audiencia
Provincial de Álava sobre los problemas jurídicos que se plantean en el
recurso de casación, esencialmente la eventual irretroactividad o no de
tal declaración de nulidad.
La recurrente, ante la eventualidad de una posible inadmisión del recurso,
alega que el hecho de que no exista reiteración en la doctrina no impide
la apreciación de interés casacional, pues, como señala el Acuerdo del
TS de 30 de diciembre de 2011, el interés casacional existe “cuando se
trate de sentencias del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo o
de Sentencias fijando doctrina por razón de interés casacional. En estos
casos basta la cita de una sola Sentencia invocando su jurisprudencia,
siempre que no exista ninguna Sentencia posterior que haya modificado
el criterio seguido».
SEGUNDO.- Decisión sobre la admisibilidad del recurso
extraordinario por infracción procesal.
1.- Supeditación de la admisibilidad del recurso por infracción procesal a
la del recurso de casación por interés casacional.
Según el párrafo segundo de la regla 5 de la disposición final décimo
sexta LEC, «[c]uando el recurso por infracción procesal se hubiese
formulado fundando exclusivamente su procedencia en el número 3º del
apartado segundo del artículo 477, la Sala resolverá si procede la
admisión o inadmisión del recurso de casación, y si acordase la
inadmisión, se inadmitirá, sin más trámite, el recurso por infracción
procesal. Solo en el caso de que el recurso de casación resultase
admisible, se procederá a resolver sobre la admisión del recurso
extraordinario por infracción procesal».
En este caso el recurso de casación fue admitido, sin que se haya
cuestionado esta decisión, al amparo del ordinal 3° del artículo 477.2
LEC y por oposición a la jurisprudencia de esta Sala, en concreto a la
doctrina emanada de la sentencia dictada por el Pleno el 9 de mayo de
2013.
2.- Admisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal.
Es cierto, no obstante, que la admisibilidad del recurso de casación por
interés casacional no determina por sí sola la del recurso por infracción
procesal, pues este debe superar también las causas de inadmisión
específicas previstas en el art. 473.2 LEC.
El recurso por infracción procesal aquí examinado se articula en un
motivo único en el que, al amparo del artículo 469.1 apartado 2 LEC, se
denuncia la infracción de los artículos 221, 222 y 400 LEC, con carácter
principal, y los artículos 22 y 413 del mismo texto legal, de forma
subsidiaria, en relación a los efectos que se derivan de la sentencia
dictada por esta Sala el 9 de mayo de 2013, en torno a la pretensión de
condena instada por los actores. Se argumenta que se habría producido
el efecto de la cosa juzgada desde que se dictó la sentencia de 9 de
mayo de 2013, antes cronológicamente de dictarse la sentencia de
primera instancia, tanto en lo que respecta a la acción declarativa de
ineficacia como a la acción de condena pecuniaria. En cualquier caso y
con carácter subsidiario, se habría producido la carencia sobrevenida de
objeto al haber sido satisfechas las pretensiones por la parte actora. De
hecho la entidad recurrente procedió de forma voluntaria a eliminar estas
cláusulas una vez que esta Sala resolvió la aclaración de la sentencia de
9 de mayo.
En el escrito de oposición se alega que el recurrente articula su recurso
sobre la base de dos argumentaciones que resultan novedosas ya que
tanto en la fase de primera instancia como durante la apelación no se
realizaron alegaciones de indefensión, artículo 24 CE, ni referidas a la
valoración de los medios probatorios, tanto en lo que a carga de la
prueba se refiere, como en la ponderación de la prueba documental y
testifical.
Pues bien, basta realizar un juicio de contraste meramente formal para
evidenciar el error de la parte recurrida al denunciar infracciones
procesales consideradas novedosas y que en absoluto son objeto del
recurso extraordinario por infracción procesal, que se limita en un motivo
único a denunciar la infracción de los artículos 221, 222 y 400 LEC, con
carácter principal y los artículos 22 y 413 del mismo texto legal, de forma
subsidiaria en relación a los efectos procesales de cosa juzgada o
carencia sobrevenida de objeto. La articulación de este recurso reúne,
como ya dijimos en nuestro auto de 14 de octubre de 2014, los requisitos
legales y no incurre en ninguna de las causas de inadmisión que
establece el artículo 73.2 LEC.
Recurso Extraordinario por Infracción Procesal.
TERCERO.- Motivo Único. Enunciación y Planteamiento.
Se articula al amparo del número 2º del artículo 469.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, por infracción de los Artículos 22, 221, 400 y 413
LEC, en relación con los efectos derivados de la sentencia del Tribunal
Supremo de 9 de mayo de 2013.
En el planteamiento del motivo se denuncia con carácter principal la
infracción de las normas contenidas en los artículos 221, 222 y 400 LEC
y, de forma subsidiaria, la de los artículos 22 y 413 LEC, en relación con
los efectos que se derivan de la Sentencia dictada por el Tribunal
Supremo el 9 de mayo de 2013 sobre la pretensión de condena
formulada por los actores en este proceso.
Al desarrollar el planteamiento, sistematiza su discurso lógico con las
siguientes consideraciones:
1. La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 fue dictada y
publicada con carácter previo a la celebración del acto del juicio de esta
litis, que tuvo lugar el 29 de junio de 2013, y, por tanto, al dictado de la
Sentencia de primera instancia.
2. La citada Sentencia del Tribunal Supremo es firme y es un hecho no
controvertido que BBVA dejó de aplicar la denominada cláusula suelo con
fecha 9 de mayo de 2013, es decir, desde la fecha de aquella sentencia
del Tribunal Supremo, así como que lo realizó respecto de todos sus
clientes, incluidos los actores de este proceso.
3. La sentencia recurrida asume y aplica la doctrina sentada por la
sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013 en relación con la pretensión
declarativa formulada por los actores, declarando expresamente que se
trata de una cláusula idéntica a la enjuiciada por dicha Sentencia y que,
por tanto, existe carencia sobrevenida de objeto.
4. Sin embargo, la sentencia que se recurre declara que “no ocurre lo
mismo en relación a la devolución de las cantidades reclamadas por los
actores puesto que las acciones ejercitadas son distintas”, exponiendo
las diferencias, argumentando, además, que en este caso, en atención al
modesto importe reclamado, no concurre el trastorno grave para el orden
económico que invoca en su sentencia el Tribunal Supremo.
5. Lo anteriormente expuesto por la sentencia recurrida vulneraría así lo
dispuesto en los artículos 222 y 400 LEC dado que lo resuelto con
carácter firme en STS de 9 de mayo de 2013 tiene fuerza de cosa
juzgada y vincula plenamente al Tribunal del presente proceso tanto
respecto del pronunciamiento declarativo de nulidad de la cláusula como
del relativo a la irretroactividad de la Sentencia.
6. Se refuerza tal alegación teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 221 LEC, también infringido por la
sentencia recurrida, dejó sentado en la sentencia de 9 de mayo que la
declaración de nulidad de las cláusulas suelo no tenía efecto retroactivo,
«de tal forma que la declaración de nulidad de la cláusula no afectará a
(…) los pagos efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia», y
provocaba el efecto de cosa juzgada «a quienes oferten en sus contratos
cláusulas idénticas a las declaradas nulas, es decir, a las tres entidades
allí demandadas y a sus respectivos clientes».
7. Se añade que, en todo caso, la sentencia recurrida infringiría lo
dispuesto en los artículos 413 y 22 LEC, pues con el dictado de la STS
de 9 de mayo de 2013 se habría producido la carencia sobrevenida del
objeto al haber sido satisfechas las pretensiones de la parte actora.
8. En consecuencia, el recurso extraordinario por infracción procesal se
fundamenta en el motivo segundo del apartado primero del artículo 469
LEC, por considerar que la infracción que se denuncia constituye una
infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia (entre
otras, STS de 5 de diciembre de 2013).
9. Concluye que a los efectos del artículo 469.2 LEC, la vulneración de
los preceptos citados ya fue puesta de manifiesto tanto en el escrito de
contestación a la demanda, invocando la excepción de litispendencia y
subsidiaria prejudicialidad, pues aún no era firme la sentencia del
Tribunal Supremo, como en el acto de la audiencia previa y en el recurso
de apelación formulado por BBVA contra la Sentencia dictada en la
primera instancia.
CUARTO.- Consideraciones sobre el Motivo del recurso.
1. La doctrina, a raíz del dictado y publicación de la Sentencia de Pleno
de la Sala de 9 de mayo de 2013, se ha planteado por ser esta fruto del
ejercicio de una acción colectiva, si produce efecto de cosa juzgado en
un posterior proceso en el que se ejercita una acción individual referida a
la misma condición general de la contratación.
2. Se han postulado varias soluciones a la interrogante: i) Quienes
entienden, y alguna resolución así lo avala, que más que cosa juzgada lo
que se produce es una carencia sobrevenida del objeto, pues no tendría
sentido pronunciarse nuevamente sobre una condición general que ya
había sido declarada abusiva en un proceso anterior; ii) Quienes opinan
que, frente a la regla general que consagra la vinculación subjetiva a las
partes en el proceso (res iudicata inter alios), en estos supuestos la cosa
juzgada se extiende más allá de las concretas personas que intervinieron
en el procedimiento, afectando también a quienes sean titulares de los
derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo
dispuesto en el artículo 11 LEC, de manera similar a lo que ocurre con las
sentencias recaídas en los procesos de impugnación de acuerdos
sociales, que afectan tanto a los socios intervinientes en aquél como a
aquellos que no intervinieron. Consecuencia de lo anterior sería que no
fuese necesario que el consumidor fuera parte en el proceso en el que se
declare la nulidad de una determinada condición general de la
contratación que le afecte, ya que la sentencia que así lo declare
extenderá sus efectos sobre el mismo, tanto en el aspecto positivo como
en el negativo de la cosa juzgada. De ahí que el artículo 519 LEC
establezca un incidente específico para que en tales supuestos el
consumidor pueda solicitar su reconocimiento como «beneficiario» de
dicha sentencia e interesar su ejecución, sin que tenga que entablar un
nuevo proceso con idéntico objeto; iii) Se añade por ese sector doctrinal
que se estaría en presencia de un supuesto de cosa juzgada positiva o
prejudicial, pues ha de tenerse presente también la vinculación de la
sentencia para los Tribunales posteriores, como se deriva tanto de lo
dispuesto para este tipo de acciones en los artículos 221.1 y 222.3 y 4
LEC, como con carácter general en los artículos 400 y 421 LEC tesis
avalada por alguna resolución judicial; iv) Finalmente cabe decir que la
Sala en Sentencia de 17 de junio de 2010 estableció que: a) será la
sentencia recaída en el proceso de acción colectiva la que ha de
determinar si los efectos de la cosa juzgada han de extenderse a los
consumidores que no hayan sido parte ni comparecido en el proceso; y
b) prevé el supuesto en que no se hubiese procedido así.
3. A partir de las anteriores tesis doctrinales, procede descender a los
pronunciamientos de la sentencia de 9 de mayo de 2013 para fijar cúal
fue el contenido de su decisión respecto de los efectos de la declaración
de nulidad, a fin de indagar si la cláusula de esta concreta litis, cuya
nulidad se ha postulado por entenderse abusiva, se encuentra inserta en
el ámbito de la acción de cesación objeto de aquella sentencia o, por el
contrario, es similar pero no de las especificamente enjuiciadas
predispuestas por las entidades contra las que se dirigió la acción de
cesación.
4. La sentencia citada de Pleno afirma con rotundidad en su parágrafo
300 que se ciñe «[…] a quienes oferten en sus contratos cláusulas
idénticas a las declaradas nulas[…]», razonando que pese a que la
demandante interesó la declaración de nulidad indiscriminada de las
clásulas suelo de los préstamos a interés variable celebrados con
consumidores, no interesó su eficacia ultra partes, lo que, unido al
casuismo que impregna el juicio de valor sobre el carácter abusivo de las
cláusulas cuando afecta a la suficiencia de la información, es por lo que
la Sala se ve obligada a ceñirse a las antes mencionadas.
Ello naturalmente no empece a que al enjuiciarse cláusulas de esta
naturaleza no idénticas, y así se vienen pronunciando con profusión los
Tribunales, se analicen aplicando la doctrina de la Sala, para decidir si
incurren o no en abusividad.
5. Continuando con el anterior discurso lógico se ha de convenir que la
clásusula suelo del préstamo a interés variable cuya nulidad interesan los
actores de esta litis es idéntica a las que fueron objeto de la acción de
cesación y en el marco de un contrato celebrado precisamente con una
de las entidades demandadas, a saber, BBVA.
6. Es por todo ello que la Sentencia recurrida concluye, como hemos
recogido en el resumen de antecedentes, que la clásula del contrato
suscrito entre BBVA y los actores es nula, afirmándose en este extremo
que puede declararse que existe carencia sobrevenida del objeto. A tal
conclusión llega en atención a la: i) identidad de la misma con las
relativas a las de tipos de interés que fueron declarados nulos por la
sentencia de 9 de mayo de 2013; ii) que, tras la firmeza de esta
sentencia, el BBVA devino condenado a su eliminación; iii) a que tal
declaración y condena, con cita de la doctrina de la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 26 de abril de 2012, surte efectos
para cualquier consumidor que haya celebrado con el profesional de que
se trate un contrato al cual le sean de aplicación las mismas condiciones
generales, incluso para los consumidores que no hayan sido parte en el
procedimiento de cesación.
7. Si corolario de lo expuesto y razonado es que la Sentencia del Pleno
de la Sala de 9 de mayo de 2013 alcanza a los actores en sus efectos de
declaración de nulidad de las cláusulas de un modo directo, también
podría colegirse que les afectan las consecuencias que la sentencia
anuda a la nulidad. La Sentencia en cuestión condena a Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria SA a eliminar dichas cláusulas de los contratos y, por
ende, a eliminar la de los actores que ya se ha dicho es idéntica; pero a
su vez declara la subsistencia de los contratos de préstamo hipotecario
en vigor suscritos por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA concertados
con consumidores en los que se haya utilizado las cláusulas que se
ordena eliminar, esto es, subsiste el contrato suscrito por los actores;
pero completa esos dos pronunciamientos declarando que» no ha lugar a
la retroactividad de esta sentencia, que no afectará a las situaciones
definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa
juzgada ni los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta
sentencia».
8. Alcanzada esta fase de decisión del motivo del recurso por infracción
procesal surge la cuestión nuclear del mismo, cual es, si la pretensión de
los actores sobre la retroactividad de la declaración de nulidad por
abusividad de la denominada «cláusula suelo», a efectos de restitución de
los intereses pagados en aplicación de la misma, se puede entender que
es cosa juzgada al amparo de lo recogido en la parte dispositiva de la
sentencia de 9 de mayo de 2013, cuyos pronunciamientos han merecido
nuestra atención.
QUINTO.- Al ofrecer respuesta sobre tal motivo del recurso existe un
obstáculo procesal para su estimación, que consiste en que en la
presente acción individual se introduce como objeto del pleito una
reclamación de cantidad que no constituyó una de las pretensiones de la
acción de cesación acumuladas a esta. Teniendo en cuenta ese dato
procesal así como que el recurso se interpone por interés casacional y
que se justifica por oposición de la sentencia recurrida a la única
resolución del Tribunal Supremo que decide sobre tal extremo, cual es la
sentencia del Pleno de 9 de mayo de 2013, dicha cuestión, a juicio de la
Sala, no tiene encaje en el recurso extraordinario de infracción procesal,
que debe desetimarse, sino en el recurso de casación que se ha
interpuesto.
Al apreciarse que a la acción de cesación no se le acumularon
pretensiones de condena y concretas reclamaciones de restitución,
mientras que en la presente acción individual sí se formulan de esta
naturaleza, es por lo que no cabe estimar que en la presente litis tenga
fuerza de cosa juzgada el pronunciamiento de la sentencia de 9 de mayo
de 2013 sobre la cuestión relativa a la restitución o no de los intereses
pagados en aplicación de la cláusula declarada nula, sin que tampoco
quepa estimar cualquier otra excepción que impida ofrecer respuesta al
recurso de casación, según ya se ha adelantado.
SEXTO.- Recurso de casación. Planteamiento.
El recurso se estructura, también, en un motivo único. Se denuncia la
infracción del artículo 9.3 CE, que establece el principio de seguridad
jurídica, y los artículos 8,1, 9,2 y 10 LCGC y el artículo 1303 CC, relativos
a los efectos de la declaración de nulidad de las condiciones generales
de la contratación y la posibilidad de limitarlos por parte de los Tribunales,
en relación con la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal
Supremo en sentencia de 9 de mayo de 2013.
En su desarrollo se argumenta que la sentencia recurrida, al acordar el
efecto devolutivo consecuencia de la declaración de nulidad de la
cláusula, se aparta de la doctrina de la Sala que apreció la
irrectroactividad de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, porque
esta declaración no solo se hizo en el marco de una acción de cesación
sino que la Sala realizó un previo examen de nulidad. Se estima que esta
decisión se enmarca dentro de la necesaria obligación de aclarar la
eficacia resultante del contrato tras la declaración de nulidad de la
cláusula y su ineficacia parcial en el contrato, a la luz del artículo 10.1
LCGC. En esta línea, se aduce que la acción de cesación, aun siendo
diferente a la acción de nulidad del artículo 9.2 LCGC, por naturaleza
incluye necesariamente una previa pretensión de declaración de nulidad
de la cláusula y de determinación de la eficacia resultante para el
contrato. De esta forma la sentencia recurrida se apartaría de estos
criterios al considerar automáticamente que la acción de nulidad tiene
una eficacia ex tunc con aplicación del artículo 1303 CC.
SÉPTIMO.- Valoración de la Sala.
La Sentencia recurrida, con argumentos más acordes con un recurso de
revisión de la sentencia del Pleno de la Sala de 9 de mayo de 2013 que
de aplicación de su doctrina a los actores afectados directamente por la
misma, niega la irretroactividad y accede y estima la devolución de las
cantidades reclamadas, argumentando la diferente naturaleza de las
acciones ejercitadas, una de cesación y otra individual, añadiendo que en
la colectiva no se solicitó la devolución de las cantidades abonadas en
virtud de las condiciones a que afecta la sentencia, mientras que en la
acción individual si se contempla tal pretensión.
Sin embargo, tal distinción entiende la Sala que no se contempla en la
Sentencia del Tribunal Supremo, recogiendo su parágrafo 282 que
«como apunta el Ministerio Fiscal, la finalidad de las acciones de
cesación no impide el examen de los efectos de la nulidad determinante
de la condena a cesar en la utilización de las cláusulas abusivas y a
eliminar de sus contratos los existentes, cuando éstas se han utilizado en
el pasado.»
Además, añadimos que no resulta trascendente, al efecto aquí debatido,
que se trate de una acción colectiva o de una individual, puesto que el
conflicto jurídico es el mismo y estamos en presencia de una doctrina
sentada por la repetida sentencia para todos aquellos supuestos en que
resulte, tras su examen, el carácter abusivo de una cláusula suelo inserta
en un préstamo de interés variable cuando se den las circunstancias
concretas y singulares que el Tribunal Supremo entendió que la tiñen de
abusiva, debiendo ser, por ende, expulsada del contrato.
OCTAVO.- Con las anteriores consideraciones el singular recurso que se
somete a nuestro conocimiento tendría respuesta en sentido estimatorio.
No obstante, en él se plantea la eficacia irretroactiva de la Sentencia de
Pleno de la Sala de 9 de mayo de 2013, que viene mereciendo
respuestas dispares por parte de nuestros Tribunales en cuanto a la
devolución o no de las cuotas percibidas por las entidades prestamistas
en aplicación de la cláusula suelo declarada abusiva.
Teniendo como guía el respeto a nuestra doctrina, a la unificación que
debe hacerse de ella en su aplicación y, a la postre, la seguridad jurídica,
principio informador del ordenamiento jurídico (Art. 9.3. CE), entendemos
necesario ofrecer respuesta a tan debatida cuestión, no revisando la
fijada sino despejando dudas y clarificando su sentido.
NOVENO.- La Sentencia del Pleno de 9 de mayo de 2013, al plantearse
a instancia del Ministerio Fiscal el elemento temporal de la sentencia,
analizó los efectos retroactivos de la nulidad para, a continuación,
razonar la posibilidad de limitarla y concluir, en su sistematizado
discurso, por declarar la irretroactividad de la sentencia en los términos
que se especifican:
1. Recoge como regla general que la ineficacia de los contratos -o de
algunas de sus cláusulas, si el contrato subsiste- exige destruir sus
consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar
así que de las mismas se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica
«quod nullum est nullum effectum producit» (lo que es nulo no produce
ningún efecto). Así lo dispone, y es el artículo clásico citado cuando se
plantea el debate que nos ocupa, el 1303 del Código Civil, a cuyo tenor
«[…] declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben
restituirse reciprocamente las cosas que hubiesen sido materia del
contrato con sus frutos y el precio con los intereses, salvo lo que se
dispone en los artículos siguientes».
2. La Sala refuerza esa regla general con cita de STS 118/2012 de 13 de
marzo, Rc. 675/2009, y se trataría «[…] de una propia restitutio in
integrum, como consecuencia de haber quedado sin validez el título de la
atribución patrimonial a que dieron lugar, dado que ésta se queda sin
causa que la justifique, al modo de lo que sucedía con la «condictio in
debiti». Se trata del resultado natural de la propia nulidad de la
reglamentación negocial que impuso el cumplimiento de la prestación
debida por el adherente».
También cita en apoyo del meritado principio el que propugna el 1C 2000
al afirmar que «[l]a decisión judicial por la que se declara abusiva una
cláusula determinada debe retrotaer sus efectos al momento de la
conclusión del contrato (ex tunc)».
Finalmente recoge como esa regla la contempla el TJUE para el caso de
nulidad de cláusulas abusivas en la Sentencia de 21 de marzo de 2013,
RWE Vertrieb AG, C-92/11, apartado 58.
3. La Sala, avanzando en la motivación de su discurso, afirma que no
obstante la regla general de eficacia retroactiva de las declaraciones de
nulidad, sus efectos no pueden ser impermeables a los principios
generales del Derecho, destacando de entre ellos el de seguridad jurídica
(artículo 9.3 CE).
A fin de evidenciar que la limitación de la retroactividad no es algo
anómalo, novedoso o extravagante, cita una serie de normas y
resoluciones que así lo atestiguan:
i) El artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común pone coto a los efectos absolutos, inevitables y
perpetuos de la nulidad y admite limitaciones al disponer que “[l] as
facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción
de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su
ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los
particulares o a las leyes”
ii) Singularmente, cuando se trata de la conservación de los efectos
consumados, existen previsiones al respecto (Artículos 114.2 de la Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Régimen Jurídico de Patentes de Invención
y Modelos de Utilidad; 54.2 de la Ley 17/2001 de diciembre, de Marcas y
68 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño
Industrial).
iii) También el Tribunal Constitucional, por exigencias del principio de
seguridad jurídica, ha limitado los efectos retroactivos de la declaración
de inconstitucionalidad en las SSTC 179/1994 de 16 junio, 281/1995 de
23 octubre, 185/1995, de 14 diciembre, 22/1996 de 12 febrero y 38/2011
de 28 marzo.
iv) En la misma línea se manifestó la justificación de la enmienda 2 al
Proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, presentada por el
Grupo Parlamentario Ezquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, y por la presentada por el Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés para la adición de una Disposición transitoria nueva
con el objetivo de aplicar límites a la variación a la baja del tipo de interés
pactado en contratos de préstamo o crédito de garantía hipotecaria, en
los que el bien hipotecado sea la vivienda familiar que tengan saldo
pendiente de amortización a la entrada en vigor de la Ley, al proponer la
ineficacia retroactiva y que “[l]a eliminación, en su caso, de la cláusula
abusiva surtirá efectos económicos en la cuota del mes siguiente al de la
entrada en vigor de la presente Ley”.
v) También esta Sala ha admitido la posibilidad de limitar los efectos de la
nulidad ya que “[l]a «restitutio» no opera con un automatismo absoluto, ya
que el fundamento de la regla de liquidación de la reglamentación
contractual declarada nula y por la que se pretende conseguir que las
partes afectadas vuelvan a la situación patrimonial anterior al contrato, no
es otro que evitar que una de ellas se enriquezca sin causa a costa de la
otra y ésta es una consecuencia que no siempre se deriva de la nulidad”
(STS 118/2012, de 13 marzo, RC 675/2009)
Como sentencia de cierre, a la hora de exponer la posibilidad de limitar
la retroactividad, menciona la del TJUE de 21 de marzo de 2013, RWE,
Vertrieb, ya citada, apartado 59, que dispone que: “[…] puede el Tribunal
de Justicia, aplicando el principio general de seguridad jurídica inherente
al ordenamiento jurídico de la Unión, verse inducido a limitar la
posibilidad de que los interesados invoquen una disposición por él
interpretada con el fin de cuestionar relaciones jurídicas establecidas de
buena fe. Para poder decidir dicha limitación, es necesario que concurran
dos criterios esenciales, a saber, la buena fe de los círculos interesados y
el riesgo de trastornos graves (véanse, en particular, las sentencias Skov
y Bilka, antes citada, apartado 51; Brzeziñski, antes citada, apartado 56;
de 3 de junio de 2010, Kalinchev, C-2/09, Rec. p. I-4939, apartado 50, y
de 19 de julio de 2012, Rçdlihs, C-263/11, Rec. p. I-0000, apartado 59).
En esta sentencia del TJUE se encuentran los elementos básicos en los
que la Sala, en su Sentencia de Pleno, fundó la irretroactividad de la
misma, a saber, seguridad jurídica, buena fe y riesgo de trastornos
graves.
4. Respecto del trastorno grave del orden público económico la sentencia
de la Sala en la letra «K» del parágrafo 293 afirma que: «Es notorio que la
retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves
con trascendencia al orden público económico, al extremo que el
Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se pronuncia
en el sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la
decisión de nulidad de las cláusulas controvertidas.»
Pretender que en la acción individual no se produzca meritado riesgo no
se compadece con la motivación de la sentencia, pues el conflicto de
naturaleza singular no es ajeno al conjunto de procedimientos derivados
de la nulidad de las cláusulas suelo incorporadas en innumerables
contratos origen de aquellos, como es notorio y constatable por la
abundante cita de sentencias que sobre tal objeto se hace en la presente
causa. Y esa fue la razón que retuvo la Sala en su sentencia. La
afectación al orden público económico no nace de la suma a devolver en
un singular procedimiento, que puede resultar ridícula en términos
macroeconómicos, sino por la suma de los muchos miles de
procedimientos tramitados y en tramitación con análogo objeto.
5. La Sala atiende a una serie de argumentos de los que colige, a la
fecha de la sentencia, la buena fe de los círculos interesados y que como
tales valora, a saber:
«a) Las cláusulas suelo, en contra de lo pretendido por la
demandante, son lícitas.
b) Su inclusión en los contratos a interés variable responde a
razones objetivas –el IBE indica como causas de su utilización el
coste del dinero, que está constituido mayoritariamente por
recursos minoristas (depósitos a la vista y a plazo), con elevada
inelasticidad a la baja a partir de determinado nivel del precio del
dinero, y los gastos de estructura necesarios para producir y
administrar los préstamos, que son independientes del precio del
dinero-.
c) No se trata de cláusulas inusuales o extravagantes. El IBE
indica en el apartado 2 referido a la cobertura de riesgo de tipos de
intereses que en España “[…] casi el 97% de los préstamos
concedidos con la vivienda como garantía hipotecaria están
formalizados a tipo de interés variable”.
d) Su utilización ha sido tolerada largo tiempo por el mercado -su
peso, afirma el IBE, ya en los años anteriores a 2004, alcanzaba
casi al 30% de la cartera-.
e) La condena a cesar en el uso de las cláusulas y a eliminarlas
por abusivas, no se basa en la ilicitud intrínseca de sus efectos –
en cuyo caso procedería la nulidad de las cláusulas suelo sin más-
, sino en la falta de transparencia.
f) La falta de transparencia no deriva de su oscuridad interna, sino
de la insuficiencia de la información en los términos indicados en el
apartado 225 de esta sentencia.
g) No consta que las entidades crediticias no hayan observado las
exigencias reglamentarias de información impuestas por la OM de
5 de mayo de 1994.
h) La finalidad de la fijación del tope mínimo responde, según
consta en el IBE a mantener un rendimiento mínimo de esos
activos (de los préstamos hipotecarios) que permita a las
entidades resarcirse de los costes de producción y mantenimiento
de estas financiaciones.
i) Igualmente según el expresado informe, las cláusulas se
calculaban para que no implicasen cambios significativos en las
cuotas iniciales a pagar, tenidas en cuenta por los prestatarios en
el momento de decidir sus comportamientos económicos.
j) La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y
Modificación de Préstamos Hipotecarios, permite la sustitución del
acreedor.»
Los anteriores argumentos, a los efectos aquí enjuiciados, se
compadecen con una concepción psicológica de la buena fe, por
ignorarse que la información que se suministraba no cubría en su
integridad la que fue exigida y fijada posteriormente por la STS de 9 de
mayo de 2013; ignorancia que a partir de esta sentencia hace perder a la
buena fe aquella naturaleza, pues una mínima diligencia permitía conocer
las exigencias jurisprudenciales en materias propias del objeto social.
6. La conjunción de tales elementos es la que motivó la conclusión de la
Sala contenida en el parágrafo 294 cuando declaró la irretroactividad de
la presente sentencia, de tal forma que la nulidad de las cláusulas no
afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones
judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados en la
fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013.
DÉCIMO.- Una vez expuesta la decisión de la Sala y diseccionada su
motivación, se puede concluir que a partir de la fecha de publicación de la
sentencia del pleno del 9 mayo 2013 no es posible ya la alegación de
buena fe por los círculos interesados, pues esta sentencia abre los ojos y
las mentes de las partes contratantes, pudiendo éstas indagar y
esclarecer si las cláusulas suelo insertas en contratos de préstamo con
tipo de interés variable, en principio lícitas, carecen de transparencia, no
por oscuridad interna, sino por insuficiencia de información, en los
términos indicados en el parágrafo 225 de la sentencia.
Si adoleciesen de tal insuficiencia y fuesen declaradas abusivas por ese
concreto motivo, que no por otro ajeno a este debate, las sentencias
tendrán efecto retroactivo desde la fecha de publicación de la sentencia
de 9 mayo 2013, reiteradamente citada y sobre cuya clarificación nos
pronunciamos a efectos de la debida seguridad jurídica; fecha que fue la
fijada en ella en orden a la irretroactividad declarada.
DÉCIMO PRIMERO.- En atención a todo lo expuesto se estima el recurso
de casación, confirmando la doctrina sentada por la sentencia del pleno
del 9 mayo 2013, cuya cabal clarificación se ha llevado a cabo en la
presente, y, asumiendo la instancia, se estima el recurso de apelación
interpuesto por la representación de BBVA contra la sentencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia, declarando que la entidad
recurrente no viene obligada a la devolución de los pagos ya efectuados
por los prestatarios a la fecha de publicación de la sentencia de 9 mayo
2013.
DÉCIMO SEGUNDO.- No cabe imponer costas del recurso de casación
conforme a los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y
por aplicación de tales preceptos tampoco procede hacer expresa
condena en costas en las instancias.
DÉCIMO TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 394.1
de la LEC, al que remite el artículo 398.1 de la misma Ley, no procede
imponer las costas del recurso extraordinario de infracción procesal a la
parte recurrente en atención a las dudas de derecho que planteaba la
cuestión suscitada, como se ha tenido ocasión de razonar al decidir el
recurso y como se desprende de los motivados escritos de alegaciones
de las partes, con amplio debate asimismo en la doctrina científica y
Tribunales de instancia.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida
por el pueblo español.
F A L L A M O S
1. Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto
por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA «BBVA SA», contra la sentencia
dictada por la Audiencia Provincial de Álava (Sección Primera) el día 21
de noviembre de 2013, en el recurso de apelación 465/2013, interpuesto
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de
Vitoria en los autos de juicio ordinario 8/2013.
2. Estimar el recurso de casación interpuesto por Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA «BBVA SA», contra la sentencia dictada por la Audiencia
Provincial de Álava (Sección Primera) el día 21 de noviembre de 2013, en
el recurso de apelación 465/2013, interpuesto contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Vitoria en los autos de
juicio ordinario 8/2013.
3. Estimar, asumiendo la instancia, el recurso de apelación interpuesto
por BBVA SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia, declarando que los efectos de restitución derivados de la
declaración de nulidad de la cláusula no se extienden a los pagos de
intereses efectuados en aplicación de ella anteriores a la fecha de
publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013.
4. Se fija como doctrina: «Que cuando en aplicación de la doctrina fijada
en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de
julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013
se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta
en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la
restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en
aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la
sentencia de 9 de mayo de 2013».
5. No se imponen a la parte recurrente las costas del recurso
extraordinario de infracción procesal ni las del recurso de casación, con
devolución del depósito para recurrir.
6. No ha lugar a hacer expresa condena en las costas de las instancias.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la
COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Firmado y Rubricado.-
Francisco Marín Castán .- José Ramón Ferrándiz Gabriel.- José Antonio Seijas
Quintana .- Antonio Salas Carceller.- Ignacio Sancho Gargallo .- Francisco
Javier Orduña Moreno .-Rafael Sarazá Jimena .- Sebastián Sastre Papiol .-
Eduardo Baena Ruiz.- Xavier O’Callaghan Muñoz.-
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
_______________________________________
_________
VOTO PARTICULAR
FECHA:25-3-2015
Voto particular que formula el Excmo. Sr. Magistrado don Francisco
Javier Orduña Moreno y al que se adhiere el Excmo. Sr. Magistrado don
Xavier O´Callaghan Muñoz.
Contexto valorativo: el control de transparencia en las
condiciones generales como figura sujeta a elaboración o desarrollo
jurídico.
PRIMERO.- Con absoluto respeto a la decisión de la mayoría de
los Magistrados, y compañeros de la Sala, debo indicar, desde el
principio, que el voto particular que formulo, aunque necesariamente
discrepante con dicha decisión, se realiza desde la finalidad primordial de
que resulte útil o sirva para el mejor estudio y análisis de las
consecuencias jurídicas derivadas del control de transparencia.
Este propósito, por lo demás, resulta plenamente coherente con el
actual proceso de reforzamiento de los derechos de los consumidores y
usuarios, en donde la novedad e impronta que presenta el control de
transparencia, como plasmación del principio de transparencia real en el
marco general del control de abusividad, está dando lugar a una
necesaria adecuación de la dogmática tradicional del contrato en aras a
superar la concepción meramente “formal” de los valores de libertad e
igualdad, referidos únicamente a la naturaleza negocial del contrato y, por
extensión, al mero literalismo interpretativo (“pacta sunt servanda”), en
aras a una aplicación material de los principios de buena fe y
conmutabilidad en el curso de validez, control y eficacia del fenómeno de
la contratación bajo condiciones generales.
En este contexto, tanto por la propia complejidad que encierra
este proceso de adecuación de la dogmática contractual a la nueva
realidad que presenta el fenómeno en consideración, como por las
lógicas limitaciones de análisis que acompañan al proceso judicial, la
caracterización y alcance del control de transparencia en el marco de la
doctrina jurisprudencial se está llevando a cabo, también
necesariamente, desde una progresiva construcción del fundamento
técnico de su respectiva aplicación.
Sin embargo, y he aquí lo relevante, también debe de ser
puntualizado que todo avance alcanzado en esta labor de progresiva
construcción jurídica de la figura ha requerido, inevitablemente, de un
previo y correcto enfoque metodológico tanto del fenómeno jurídico de las
condiciones generales de la contratación, como de los ámbitos o
aspectos a desarrollar en la caracterización y alcance del control de
transparencia. Sirva de ejemplo, a tenor del propio desenvolvimiento de
la doctrina jurisprudencial de esta Sala, que la configuración contractual
que se realiza del control de transparencia en la sentencia de 8 de
septiembre de 2014 (núm. 464/2014), como un previo y especial deber
contractual del predisponerte en orden a la comprensiblidad real, en el
curso de la oferta comercial y su correspondiente reglamentación seriada,
de las consecuencias económicas y jurídicas que se deriven a cargo del
consumidor adherente, no habría sido posible si con anterioridad, y desde
el plano metodológico señalado, sentencias de esta Sala como la de 18
de junio de 2012 (núm. 406/2012) y las que siguieron, entre otras, la de 9
de mayo de 2013 (núm. 241/2013) no hubiesen establecido, conforme a
la naturaleza y función del fenómeno de las condiciones generales, su
clave interpretativa o fundamento técnico consistente en un modo de
contratar claramente diferenciado del contrato por negociación y, por
tanto, con un régimen y presupuesto causal propio y específico.
En esta línea se desenvuelve el voto particular, esto es, en la
necesidad de fijar un previo y correcto enfoque metodológico, o clave
interpretativa, del aspecto a considerar en el control de transparencia, en
nuestro caso, de la naturaleza y alcance de la razón de ineficacia que se
deriva de la nulidad de la cláusula por falta de transparencia en el marco
de una acción individual de impugnación, especialmente ante la
insuficiencia al respecto que presenta el fundamento técnico que sustenta
la presente sentencia de esta Sala consistente, bien en una mera
remisión en bloque a la fundamentación que para el caso de una acción
de cesación se contempló en la citada sentencia de 9 de mayo de 2013,
tal y como expresamente se señala en esta sentencia: «entendemos
necesario ofrecer respuesta a tan debatida cuestión, no revisando la
fijada sino despejando dudas y clarificando su sentido» (fundamento del
derecho octavo, párrafo último) o bien, en la abstracta alegación del
principio de buena fe, sin concreción alguna respecto de su proyección
en la naturaleza y alcance del control de transparencia (fundamento de
derecho décimo, párrafo primero).
SEGUNDO.- La inexistencia de cosa juzgada respecto del
pronunciamiento de la sentencia de 9 de mayo de 2013 sobre la cuestión
relativa a la restitución o no de los intereses pagados y la necesariedad
de concretar el fundamento técnico de la cuestión en el ámbito del
ejercicio individual de la acción de impugnación por el consumidor
adherente.
Este voto está conforme con la desestimación del motivo único en
el que se articula el recurso extraordinario por infracción procesal sin
perjuicio de que conviene completar la argumentación expuesta con lo
que constituye el verdadero fundamento de la no aplicación del efecto de
cosa juzgada a la pretensión que integra la presente litis: las claras
diferencias entre la acción individual y la acción colectiva de cesación que
dió lugar a la sentencia de 9 de mayo de 2013, que se desarrollará más
adelante en orden al fundamento y naturaleza de la ineficacia derivada.
No obstante, esta línea argumental, no es posible olvidar que lo que la
entidad recurrente ejercitó y que dió lugar a la conocida sentencia del
Pleno de esta Sala, era una acción de cesación, es decir, que el Tribunal
Supremo condenara a las entidades de crédito a cesar en la aplicación
de las cláusulas suelo y abstenerse de utilizarlas en el futuro, en ningún
caso se solicitaba un pronunciamiento en relación a la restitución de las
cantidades indebidamente cobradas, que hubiera requerido la
acumulación de esta acción a la acción de cesación.
Esta primera aproximación permite, en primer lugar, matizar en
cuanto a su alcance y sin perjuicio de lo que se desarrolle en casación, el
pronunciamiento de esta Sala en relación a la mal llamada irretroactividad
de la cláusula declara nula: tal petición fue introducida por el Ministerio
Fiscal sin que integrara inicialmente el objeto del proceso y su adopción
obedeció a razones económicas que así lo aconsejaban en el marco del
enjuiciamiento abstracto propio de la acción de cesación lo que, por
supuesto, en ningún caso implica que se haya declarado la
irretroactivada de la nulidad de las cláusulas suelo en general. Es decir,
no podemos olvidar que la STS de 9 de mayo de 2013 da respuesta a
una acción ejercitada por unas partes procesales, en concreto, una
asociación de consumidores de productos bancarios, AUSBANC, como
demandante, y unas concretas entidades bancarias como demandadas,
por tanto, si al final del pronunciamiento el Tribunal se pronuncia sobre la
mal llamada irretroactividad, ese pronunciamiento lo debemos entender
realizado sólo y exclusivamente para su sentencia pues en ese marco
donde se ha pronunciado. Lo cual, y esta es la verdadera razón
desestimatoria del recurso extraordinario y que impide apreciar el efecto
de cosa juzgada en la extensión pretendida por el recurrente, lleva
aparejado que posteriormente los particulares entablarán el juicio
correspondiente que decidirá lo pertinente en cada caso atendiendo a las
circunstancias concretas. En consecuencia será necesario, en el marco
de una acción individual, examinar si en cada caso concurren o no las
circunstancias que integran el juicio de transparencia y posteriormente
determinar el régimen de ineficacia de la declaración, en su caso, de
nulidad y que se traduce en el efecto devolutivo de las cantidades
percibidas por la aplicación concreta de la cláusula.
En segundo lugar, hay que señalar que esta aproximación que
nos ofrece el presente caso, en orden a la inexistencia de la cosa
juzgada, también nos permite constatar la observación que se hace, de
un modo preliminar, en el fundamento anterior de este voto particular,
esto es, la improcedencia e insuficiencia de asumir «en bloque» la
fundamentación técnica de la sentencia de 9 de mayo de 2013 en un
supuesto, el del ejercicio individual de la acción de impugnación por el
consumidor adherente, en donde se «quiebra», y así se reconoce, el
presupuesto de identidad de la cosa juzgada. Quiebra que, por lo demás,
no sólo se produce ante la ausencia en aquel caso de la preceptiva
acumulación de pretensiones de condena, sino también por la falta de los
otros elementos que determinan la identidad, principalmente la distinta
naturaleza y función de la acción ejercitada.
Sin embargo, y pese a lo anterior, la presente sentencia en la
fundamentación que acompaña al recurso de casación renuncia, de
forma nítida, a realizar cualquier intento de justificar su decisión en base
al tratamiento específico y diferenciado de la ineficacia derivada de la
declaración de abusividad, en el ejercicio individual de la acción de
impugnación. Una mera lectura de la sentencia resulta ilustrativa de la
afirmación realizada pues los fundamentos séptimo, octavo y noveno,
responden a una mera transcripción de los parágrafos de la citada
sentencia, a saber: fundamento séptimo, parágrafo 282; fundamento
octavo, se señala expresamente esta remisión en bloque al precisarse
que la sentencia no revisa la doctrina fijada en la sentencia de 9 de mayo,
sino que «despeja dudas y clarifica su sentido»; y fundamento noveno,
parágrafos 283 a 294, íntegramente transcritos.
En suma, mal se compadece esta simple transcripción con el
reconocimiento de la ausencia de cosa juzgada que compromete, a todas
luces, una necesaria fundamentación técnica ajustada a la naturaleza y
características del nuevo caso planteado; sobre todo si tiene en cuenta, y
esto no ha pasado inadvertido, que los principales argumentos que
sustenta la sentencia de 9 de mayo para limitar la llamada retroactividad
de la cláusula nula traen causa, necesariamente, bien de la naturaleza de
la acción colectiva de cesación, que fue objeto de dicha sentencia
(parágrafos 283, 279, 280, 281, 298, 299 y 300), o bien, de argumentos
extraídos y añadidos de otros supuestos a considerar, caso de la
retroactividad normativa STJUE de 21 de marzo de 2013 (parágrafo 286),
del artículo 106 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas (parágrafo 287), de las legislaciones de
Patentes y de Marcas (parágrafo 288), del principio de seguridad jurídica
y retroactividad de la declaración de inconstitucionalidad (parágrafo 289)
o de la ya citada STJUE de 21 marzo 2013, en su vertiente de seguridad
jurídica y el riesgo de transtornos económicos graves (orden público
económico).
Como puede observarse, ninguno de ellos se plantea con relación
a las características y naturaleza del caso aquí planteado; de ahí la
denunciada falta de fundamentación técnica al respecto. Todo ello, sin
contar que el verdadero motivo de la limitación del denunciado efecto
retroactivo de la nulidad de la cláusula, en su momento, no fue otro que el
posible riesgo de transtornos graves o sistémico en las entidades
financieras; riesgo que en la actualidad ha desaparecido merced al
saneamiento financiero efectuado.
Control de transparencia y razón de la ineficacia derivada por
el ejercicio de la acción individual de impugnación.
TERCERO.- Consideraciones previas. El fenómeno de la
ineficacia contractual: perspectivas, planos de análisis y directrices de
interpretación.
Del mismo modo que el fenómeno de las condiciones generales,
su naturaleza y función, ha sido objeto de un necesario y previo análisis y
planteamiento metodológico a los efectos de poder concretar la
naturaleza y alcance jurídico del control de transparencia en la
contratación seriada, el fenómeno de la ineficacia contractual de la
cláusula abusiva, como consecuencia derivada de dicho control, también
requiere de las anteriores perspectivas metodológicas y de análisis para
poder concretar su naturaleza y alcance, conforme a su correcta
fundamentación técnica.
En esta línea, ha profundizado precisamente, la reciente doctrina
jurisprudencial de esta Sala, entre otras, SSTS de 28 octubre 2014, núm.
440/2014 y 10 diciembre 2014, núm. 695/2014, destacándose que la
ineficacia de los actos y negocios jurídicos, como fenómeno jurídico de
especial complejidad y concreción técnica, requieren de una suerte de
perspectivas metodológicas y directrices de interpretación para la
correcta valoración que presenta su naturaleza y alcance, esto es, su
fundamentación jurídica.
Entre éstas, siguiendo las citadas sentencias, conviene destacar
dos directrices que interesan, sin duda, al caso planteado.
Así, en primer lugar, se ha precisado que en aquellos supuestos,
en donde el ordenamiento jurídico no dé una respuesta técnica y
concreta acerca de la naturaleza o alcance de la ineficacia derivada, su
valoración no puede quedar reconducida a un planteamiento estático y
dogmático de la cuestión consistente en la mera adscripción del
supuesto, tomado en consideración, respecto de las categorías de la
ineficacia contractual desarrolladas por la doctrina científica.
Por el contrario, el método de análisis a emplear es
consustancialmente dinámico y flexible conforme a las características
relevantes que presente el caso objeto de examen, de forma, y esto es lo
relevante, que el contenido y alcance de la ineficacia derivada tiende a
adaptarse a la naturaleza y función que presenta el fenómeno jurídico en
cuestión, la naturaleza de la figura o la institución que la articula, y la
relevancia de los bienes e intereses jurídicos que resulten objeto de
protección. Todo ello, conforme a la finalidad perseguida por la norma y,
en su caso, en el marco de aplicación de los Principios generales del
derecho.
En segundo lugar, y en la línea de la perspectiva metodológica
señalada, también se destaca en el ámbito de estas directrices de
interpretación que, precisamente en atención al desenvolvimiento y
proyección de los Principios generales del derecho, la reciente doctrina
jurisprudencial de esta Sala (STS de 15 de enero de 2013, núm.
827/2012), conforme, por lo demás, con el desenvolvimiento de los
principales textos de armonización y desarrollo del Derecho contractual
europeo, ha declarado que «la conservación de los actos y negocios
jurídicos (favor contractus) se erige como un auténtico principio
informador de nuestro sistema jurídico patrimonial que comporta, entre
otros extremos, el dar una respuesta adecuada a las vicisitudes que
pueda presentar la dinámica contractual desde la preferencia y
articulación de los mecanismos que anidan en la validez estructural del
contrato y su consiguiente eficacia funcional, posibilitando el tráfico
patrimonial y la seguridad jurídica».
Directriz especialmente aplicable al fenómeno de la contratación
seriada con consumidores dada la clara finalidad tuitiva de las normas de
aplicación, puesto que manifiesto tanto por la reciente STJUE de 30 abril
2014 (C- 280/2013), como por las SSTS de 18 junio 2012 y 8 septiembre
2014, ya citadas.
Contexto metodológico que, como se puede observar fácilmente,
ha sido plenamente desatendido por la presente sentencia, cuyo
planteamiento al respecto consiste en una mera remisión en bloque a la
fundamentación dada con ocasión a la aplicación de una acción colectiva
de casación (STS de 9 mayo 2013), y en una vaga e indeterminada
alusión a la buena fe; sin tener en consideración el necesario entronque
del análisis de la ineficacia con relación al fenómeno básico que la
sustenta, esto es, la contratación seriada, su necesaria conexión con la
naturaleza y alcance de la figura o instrumento jurídico que la articula, es
decir, el propio control de abusividad, y su ineludible proyección respecto
de la naturaleza de la acción que realmente se ejercita y los concretos
bienes e intereses que se tutelan, esto es, con necesaria referencia a su
plasmación en el marco de la acción individual de impugnación que
ejercita el consumidor y la tutela de sus específicos derechos.
Esta consideración que, como se ha señalado, resulta evidente a
tenor de la fundamentación técnica que dispensa la sentencia fuerza,
como también se ha señalado, que el voto particular desarrolle el debido
planteamiento metodológico que presenta la ineficacia contractual de la
cláusula abusiva en el ejercicio de la acción individual, cuya complejidad
y naturaleza conceptual exige una respuesta directa, sin atajos o
remisiones a otros lugares donde, pese a su proximidad, no ha sido
realmente planteada.
CUARTO.- Delimitación de principio. La debida diferenciación de
la naturaleza y alcance de la ineficacia derivada de la cláusula abusiva
respecto del fenómeno de la retroactividad.
Un claro ejemplo de la necesidad del previo examen metodológico
que presenta la cuestión y del que, además, debemos partir para su
correcto desarrollo, se constata en el inicio de la fundamentación jurídica
de la sentencia (fundamento de derecho noveno), en donde literalmente
se declara: «La Sentencia del Pleno de 9 mayo 2013, al plantearse a
instancias del Ministerio Fiscal el elemento temporal de la sentencia,
analizó los efectos retroactivos de la nulidad para, a continuación,
razonar la posibilidad de limitar la y concluir, en su sistematizado
discurso, por declarar la irretroactividad de la sentencia en los términos
que éste especifican» (el subrayado es nuestro).
Como puede observarse, la delimitación de la razón de ser de la
ineficacia derivada de la cláusula abusiva en el marco del fenómeno de la
retroactividad, ya de la nulidad, o de cualquier otro régimen típico de
ineficacia contractual de que se trate, constituye un error de concepto en
el planteamiento inicial de la cuestión. Error de concepto que, debido a la
remisión en bloque señalada, se arrastra desde la sentencia de 9 mayo
2013 y en el que yo mismo incurrí al ser firmante de la misma, sin
ninguna observación al respecto. De ahí, la importancia de la perspectiva
metodológica señalada y la conveniencia, en todo caso, de corregir los
errores observados.
En este sentido, el fenómeno de la retroactividad viene referido a
la vigencia de las normas en el tiempo y acontece cuando la nueva ley se
aplica a los actos jurídicos realizados bajo la vigencia de la ley antigua y
a las situaciones jurídicas producidas bajo la vigencia de la misma, de
forma que a través de normas de transición (Derecho transitorio) la nueva
ley incorpora las disposiciones que han de regir las relaciones jurídicas
efectadas por el cambio legislativo. Sin embargo, en el ámbito de la
ineficacia derivada de la cláusula abusiva nada de esto acontece, pues la
normativa aplicable no establece ninguna suerte de efecto retroactivo al
respecto. En efecto, la LCGC expresamente prevé que sólo desde el su
entrada en vigor podrán ejercitarse las acciones de cesación, de
retractación y declarativas reguladas en la misma (Disposición transitoria
única), mientras que la LGDCU, Texto refundido de 2007, no contempla
referencia alguna a esta materia en sus tres disposiciones transitorias. La
conclusión, por tanto, no puede ser otra que la exclusión del fenómeno
retroactivo en orden a la fundamentación técnica de la naturaleza y
alcance de la ineficacia derivada de la cláusula abusiva que, como se ha
anticipado, debe ser objeto de una valoración propia y específica
conforme a las directrices señaladas.
Esta conclusión, y ello resulta ilustrativo del prematuro contexto
metodológico con el que se abordó la cuestión, sin duda por la urgencia y
novedad que acompañó su resolución, es seguida, inadvertidamente, por
la propia sentencia de 9 mayo que destaca la necesaria proyección de
futuro de la acción de cesación a tenor de la normativa citada (parágrafos
279 y 280) y, no obstante, elabora la fundamentación técnica de la
ineficacia derivada en el incorrecto plano de los efectos retroactivos tanto
respecto del alcance del concepto de nulidad contractual, como de la
propia eficacia de la sentencia dictada. En síntesis, la consecuencia de
esta indebida asimilación de los planos señalados, que excede del campo
de aplicación, tanto procesal como sustantivo, de la acción de cesación
que fue objeto de la sentencia de 9 mayo, hizo posible que dicha
sentencia se pronunciara con un fundamento de retroactividad, respecto
de los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de la misma y, por
tanto, con relación a consumidores que no había sido parte del proceso,
(pronunciamiento 10º del fallo) sin cobertura legal para ello. Cuando lo
procedente hubiese sido pronunciarse, respecto a la petición del Misterio
Fiscal, precisándose que el efecto temporal de la sentencia carece de
efectos retroactivos, cuestión que no es obstáculo para no estimar el
efecto devolutivo de las cantidades ya pagadas, en los contratos que
pudieron resultar afectados por la nulidad declarada de la cláusula suelo,
tanto en base a la naturaleza de la acción de cesación ejercitada y con
los argumentos que directamente sobre esta cuestión se esgrimieron,
como en que no hubo acumulación de acciones individuales o accesorias
al respecto.
Sin embargo, las consecuencias de esta indebida asimilación
conceptual se han agravado con la presente sentencia, pues al no revisar
la fundamentación jurídica de la sentencia de 9 mayo en esta materia su
pronunciamiento, igualmente carente de fundamento normativo de
eficacia retroactiva, se ha realizado en atención a acciones individuales
de impugnación con la consecuente y lógica pretensión del efecto de
devolutivo de las cantidades ya apagadas.
QUINTO.- Fundamento y concreción de la ineficacia derivada.
Razón del efecto restitutorio y de su alcance «ex tunc» en el ejercicio de
acciones individuales de impugnación.
Sentado que la naturaleza y alcance de la ineficacia de la cláusula
abusiva no puede ser sustentada desde un fundamento normativo de
retroactividad, así como la innegable incidencia de la vía o acción
específicamente ejercitada en su impugnación, especialmente de la
debida diferenciación procesal y sustantiva entre la acción de cesación y
la acción individual, la sentencia tenía que haberse planteado la cuestión
de la ineficacia derivada desde la perspectiva valorativa, dinámica y
flexible, de las claves interpretativas que definen el fenómeno jurídico en
donde está ineficacia incide y se articula, conforme a la finalidad tuitiva
que preside la normativa objeto de aplicación. De este modo, la
respuesta obtenida no sería, en ningún caso, producto de un
planteamiento dogmático, esto es, derivado de la mera letra de la norma,
que ya declara la nulidad de pleno derecho de la cláusula abusiva
(artículo 8.1 LCGC), sino fruto de un proceso de concreción o
fundamentación técnica ajustada a las características del fenómeno
jurídico que, como hemos señalado en el fundamento tercero de este
voto particular, cabe realizar cuando la norma aplicable, bien por su
propia fundamentación, o bien por su interpretación sistemática, no
ofrezca una respuesta o desarrollo técnico que resulte suficiente o
unívoco al respecto. Este sentido, y no otro, es el que cabe extraer del
viejo brocardo “quod nullum est nullum effectum producere debet” y de la
fórmula abierta que dispensa el artículo 1303 del Código Civil (ambos
citados por la sentencia de 9 de mayo, parágrafo 283), pues la referencia
a la inexistencia de efectos («nullum effectum») no se realiza desde el
plano material o fáctico sino desde el plano de la causalidad jurídica,
porque la reacción del ordenamiento jurídico ante los supuestos de
ineficacia contractual no es siempre igual, ni uniforme, sino ajustada al
fenómeno jurídico tomado en consideración.
En nuestro caso, esta causalidad jurídica o fundamentación
técnica respecto de la restitución de las cantidades entregadas como
consecuencia de la nulidad contractual de la cláusula abusiva, con mayor
precisión del «efecto devolutivo» de las mismas, dado que el contrato no
resulta resuelto, se realiza, como ya se ha destacado en las directrices de
interpretación, en atención a las claves valorativas que definen la
naturaleza del fenómeno en el que incide la ineficacia y la función de los
instrumentos que la articulan. Claves, por lo demás, que ya han sido
suficientemente desarrolladas por la doctrina jurisprudencial de esta Sala
y por la jurisprudencia del TJUE y cuya aplicación al presente caso
debería haber llevado a la plena estimación del efecto devolutivo de las
cantidades ya pagadas desde la perfección del contrato celebrado.
En síntesis, esta Sala tiene declarado, como doctrina
jurisprudencial consolidada (STS de 8 septiembre 2014) que la ineficacia
contractual en la contratación seriada, más allá de la referencia genérica
al concepto de nulidad, tiene un tratamiento o fundamento específico y
necesariamente conexo a la calificación de este fenómeno como un
«modo de contratar», esto es, con un régimen y presupuesto causal
propio y diferenciado. Régimen que, entre otros bienes jurídicos objeto de
protección, responde a la finalidad tuitiva del consumidor adherente y que
justifica el necesario cumplimiento por el predisponente de unos
especiales deberes de configuración contractual en orden a asegurar el
equilibrio prestacional y la comprensiblidad real de la reglamentación
predispuesta y, con ellos, «la eficacia resultante de la misma».
En este contexto, el instrumento técnico que la normativa
aplicable incorpora para articular dicho contraste o comprobación es el
denominado control de abusividad que, por su función y naturaleza, es
«un control de eficacia de la reglamentación predispuesta» y, por ende, de
la ineficacia que pudiera derivarse. De esta forma, el control de abusiva
opera como un «propio control de legalidad» que se proyecta, de un modo
objetivable, en orden a la idoneidad de la reglamentación predispuesta
respecto de los parámetros de equilibrio prestacional y de transparencia
real anteriormente señalados. Proyección del control de abusividad que,
necesariamente, se realiza al valorar la reglamentación predispuesta en
«el momento de celebración del contrato». Conclusión inobjetable tanto en
el campo de la doctrina científica como en el ámbito de la doctrina
jurisprudencial (con especial reiteración en la jurisprudencia del TJUE,
sentencias de 21 febrero y 14 marzo 2013 y 16 enero 2014).
Esta caracterización, por lo demás, es igualmente predicable del
control de transparencia (artículo cinco de la Directiva 93/13, artículo 5. 5
y 7.b de la LCGC y 80.1 (a) del TR-LGDCU) que opera con un control de
legalidad en orden a comprobar, primordialmente, que la cláusula
contractual predispuesta refiera directamente la comprensibilidad real,
que no formal, de los aspectos básicos del contrato en el marco de la
reglamentación predispuesta, de forma que el consumidor y usuario
conozca y comprenda las consecuencias jurídicas que, de acuerdo con el
producto o servicio ofertado, resulten a su cargo, tanto respecto de la
onerosidad o sacrificio patrimonial que realmente supone para el
consumidor el contrato celebrado, como de la posición jurídica que
realmente asume en los aspectos básicos que se deriven del objeto y de
la ejecución del contrato, STS de 26 de mayo de 2014 (núm. 86/2014).
Pues bien, dado que la ineficacia resultante no tiene un
fundamento de retroactividad normativa ni, por extensión, la sentencia
que la declara, los criterios o pautas que sirven para determinar el
alcance del efecto restitutorio o devolutivo deben extraerse,
necesariamente, de este contexto valorativo que informa el régimen de
eficacia y control de las condiciones generales de la contratación. Y aquí,
en el caso del ejercicio de las acciones individuales, los criterios que
resultan aplicables no dan otra alternativa posible que no sea la
determinación del efecto devolutivo de las cantidades ya pagadas con
carácter «ex tunc», esto es, desde el momento de la perfección del
contrato predispuesto.
Esta conclusión se alcanza por la naturaleza y función de los
elementos que determinan el régimen de eficacia y de control de la
contratación seriada, es decir, por la naturaleza y función del propio
fenómeno de las condiciones generales, del control de abusividad y de la
acción ejercitada; todo ello, conforme a la función tuitiva que los preside.
Así, por ejemplo, el primer elemento o criterio indicado, el
fenómeno de la contratación bajo condiciones generales, nos informa,
con carácter general, de la caracterización del régimen de ineficacia que
resulta aplicable. En este sentido, acorde con la naturaleza y función de
este fenómeno jurídico, la forma o el modelo de ineficacia responde a los
parámetros de una ineficacia funcional, relativa, parcial e insanable. En
efecto, la ineficacia es, en primer término, funcional, porque la
reglamentación predispuesta, por su naturaleza, no contiene ninguna
irregularidad en su estructura negocial y nace, por tanto, regularmente
firmada y eficaz; sin embargo, funcionalmente su ejecución lleva a un
resultado que el ordenamiento jurídico no permite consolidar, esto es, la
lesión del consumidor adherente por la falta de equilibrio prestacional o
de transparencia real.
En este contexto, también puede sostenerse que la ineficacia es
provocada pues se permite que los consumidores y usuarios puedan
operar dicha ineficacia con la correspondiente pretensión de
impugnación. En segundo término, la ineficacia es relativa y parcial
porque despliega sus efectos entre las partes (no tiene proyección «erga
omnes») y afecta sólo a la cláusula declarada abusiva, que es objeto de
la ineficacia, no así el resto del contenido contractual (principio de
conservación del contrato en interés del consumidor). Por último, la
ineficacia es más bien insanable en relación a la cláusula declarada
abusiva, pues no se permite su moderación, ni su integración en el
contrato subsistente.
Por su parte, la naturaleza y función del control de abusividad y de
la acción ejercitada, de acuerdo a la anterior caracterización general, nos
concretan ya el alcance del mecanismo restitutorio que opera como una
consecuencia directa de la situación de ineficacia de la cláusula
declarada abusiva. En ese sentido, el control de abusividad, como control
de eficacia de la reglamentación predispuesta se formula,
necesariamente, desde una perspectiva declarativa del carácter abusivo
de la cláusula, esto es, de la lesión o perjuicio que se infiere al
consumidor en la reglamentación predispuesta y, por tanto, con remisión
a la propia celebración del contrato que funcionalmente los causaliza. De
ahí su correspondencia con el examen de legalidad o idionidad que
también, necesariamente, como se ha señalado, toma como referencia
temporal el momento de la celebración del contrato para valorar el
posible desequilibrio prestacional o la falta de la debida transparencia
real. La inidoneidad de la reglamentación predispuesta, por tanto, es
valorada y declarada en atención al marco temporal de la celebración o
perfección del contrato, momento «esencial» en donde el predisponentes
tenía que haber cumplido ya sus especiales deberes de configuración
negocial para que su reglamentación predispuesta no lesionara los
derechos del consumidor adherente.
En esta misma dirección, se desenvuelve la naturaleza y función
de la acción individual de impugnación que se ejercita. En efecto, de
acuerdo con el carácter de ineficacia provocada señalado, y fuera del
contexto dialéctico acerca de la naturaleza declarativa o constitutiva de la
acción de anulación, lo cierto es que el específico tratamiento o
concreción de la ineficacia resultante en el fenómeno de las condiciones
generales queda informado, en este punto, por la pretensión de
impugnación del consumidor adherente dirigida a obtener un
pronunciamiento judicial que declare el carácter abusivo de la cláusula en
cuestión y, por tanto, su nulidad e ineficacia contractual. Desde esta
innegable perspectiva deben tenerse en cuenta dos criterios que
delimitan el alcance del pronunciamiento judicial. El primero obedece a la
propia estructura sistemática de nuestro Código Civil, en donde el
mecanismo de la restitución viene referido como una consecuencia
ineludible de la situación de ineficacia contractual derivada de la nulidad o
anulación del contrato, en nuestro caso de la nulidad de la cláusula
abusiva. Tratamiento unitario que resulta indiscutible en la estructura
sistemática de nuestro Código Civil. El segundo, obedece a la propia
naturaleza o formalidad del mecanismo de la restitución que conduce, en
principio, a que las consecuencias o efectos de la misma hayan de
retrotraerse al momento de la celebración del contrato, esto es, con un
claro alcance «ex tunc». Extremo, como fácilmente puede observarse,
completamente diferente al fenómeno de la retroactividad normativa y su
aplicación judicial. Pues bien, en el presente caso, debe señalarse que
nada obsta a que este alcance natural de la restitución opere con
normalidad, pues en el contexto contractual en donde incide la acción
ejercitada no se contemplan derechos de terceros que deban ser
protegidos, ni otros planos de la relación contractual (liquidación del
estado posesorio, indemnización de daños y perjuicios, etc.) que
merezcan una aplicación diferenciada del meritado efecto restitutorio, que
actúa de forma natural como una consecuencia derivada de la ineficacia
de la cláusula declarada abusiva. (SSTS de 30 abril 2013, núm. 275/2013
y 22 abril 2014, núm. 763/2013).
Como puede observarse, el tratamiento de las situaciones de
ineficacia contractual resulta siempre complejo a la hora de su debida
justificación o fundamentación jurídica, máxime en supuestos tan
novedosos como los que se deriven de la aplicación del control de
transparencia, pero precisamente por ello, resulta del todo necesario
llevar a cabo la tarea de su delimitación y concreción jurídica.
Control de transparencia y proyección del principio de buena
fe.
SEXTO.- Principio de buena fe: su concreción y engarce
contractual como fundamento de los especiales deberes de configuración
contractual que incumben al predisponente.
Conforme a lo anteriormente expuesto, fundamento primero y
segundo de este voto particular, y dada la remisión en bloque que se
realiza respecto de la fundamentación técnica que desarrolló la sentencia
de 9 mayo 2013, tal y como se ha señalado, la única aportación
específica que la presente sentencia dedica a la cuestión aquí debatida
es la imposible alegación de buena fe, «por los círculos interesados», a
partir de la fecha de publicación de la citada sentencia (fundamento de
derecho décimo).
La expresión, que parece tomada de la STJUE de 21 marzo 2013,
RWE Vertrieb, (también citada en la STS del 9 mayo y que contempla un
supuesto no asimilable al aquí tratado, como ya se ha señalado), merece
ser objeto de comentario por su evidente ambigüedad, pues como
sabemos las alegaciones al principio de buena fe, bien como delimitación
del ejercicio de los derechos y deberes subjetivos (7.1 del Código Civil), o
bien, como criterio de integración contractual (1258 del Código Civil)
deben de ser objeto de concreción al caso en donde resulten de
aplicación.
Así, en primer lugar, debe señalarse que precisamente esta Sala,
en su sentencia de 8 septiembre 2014, ya ha realizado esta concreción
del principio de buena fe en la contratación seriada, particularmente
respecto del control de transparencia. Esta concreción se ha realizado,
además, en toda la vertiente de decantación conceptual que presentaba
el citado principio, esto es, atendiendo al desenvolvimiento de las
directrices de orden público, a su plasmación emblemática en la
definición de la cláusula general de abusividad, a su específica aplicación
en el control de abusividad y, en suma, a su necesario engarce o
configuración contractual. Y el resultado de la misma no ha sido otro, por
otra parte absolutamente lógico con relación a la naturaleza y función del
fenómeno analizado, que proyectar su plena incidencia en el plano de los
especiales deberes de configuración contractual que asume el
predisponente en orden a la transparencia real de la reglamentación
predispuesta, en el curso de la oferta y perfección del contrato celebrado.
Deberes especiales de configuración contractual que, con fundamento en
el principio de buena fe contractual así señalado, no pueden resultar
desnaturalizados por la fecha de publicación de ninguna sentencia, pues
constituyen el objeto de examen del control de transparencia y vienen
impuestos por la propia función tuitiva de la normativa aplicable en esta
materia afectando, por definición imperativa de esta normativa, al
predisponente y no al consumidor adherente.
Otra cuestión, en segundo lugar, es que la presente sentencia
realce que tras la publicación de la sentencia del 9 mayo 2013 se dé un
conocimiento general del alcance de la cláusula suelo que haga perder
su condición de cláusula sorpresiva, o al menos desconocida para el
consumidor adherente. Extremo, que tampoco impediría que el
consumidor estableciera la correspondiente impugnación, si bien, esta
divulgación o conocimiento general de la citada cláusula sería tenida en
cuenta en el pertinente control de transparencia a los efectos de valorar
su validez y eficacia, pero sin alterar o invertir la proyección del principio
de buena fe, como fuente o fundamento de los citados especiales
deberes de configuración contractual a cargo del predisponente.
Por último, y en tercer lugar, lo que resulta inasumible, por
muchos «círculos» que se quieran realizar, es que el principio de buena
fe, dispuesto al servicio o tuición del consumidor adherente, opere en
contra del mismo incluso sobre aspectos o ámbitos de la relación
negocial predispuesta con anterioridad a la citada fecha de publicación de
la sentencia de 9 mayo 2013, caso del efecto devolutivo de los intereses
pagados con anterioridad a dicha fecha por el consumidor adherente, y
con independencia de proceso judicial alguno al respecto; de forma que
se produce la «cuadratura del círculo» al dictar una sentencia creadora de
una auténtica norma general, con carácter retroactivo, y sin cobertura
legal para ello.
SÉPTIMO.- La improcedencia del efecto retroactivo de la
sentencia respecto de la prohibición de moderar o integrar la eficacia de
la cláusula declarada abusiva.
Por último, debe señalarse que la presente sentencia al declarar
la irretroactividad de la nulidad respecto de los pagos de los intereses
realizados con anterioridad a la fecha de publicación de la sentencia de 9
mayo 2013, declaración que se realiza de un modo generalizado para
todo consumidor adherente, venga no afectado por la acción colectiva de
cesación que fue objeto de la citada sentencia, y con independencia de la
naturaleza del ejercicio individual de la acción de impugnación, opera, de
modo material, una consecuencia jurídica que expresamente viene
prohibida tanto por la jurisprudencia del TJUE, sentencia de 14 junio 2012
(TJCE/2012/143, caso Banco Español de Crédito), como por la reforma
legislativa a la que dicha sentencia dio lugar (nuevo artículo 83 de la Ley
3/2014, de 27 marzo de modificación del Texto refundido 1/2007), esto
es, que se produzca una integración, aunque sea temporalmente parcial,
de la eficacia de la cláusula declarada nula por abusiva; extremo que
claramente determina la presente sentencia pues en el plano material
señalado, afectante al derecho de tutela judicial efectiva de los
consumidores, que sin ser parte del proceso judicial establecido y, por
tanto, sin atención a las circunstancias concretas de su relación
contractual, ven vulnerada su legítima pretensión de impugnación de la
citada cláusula y su derecho a la devolución íntegra de las cantidades
satisfechas.
Atentándose, del mismo modo, al efecto sancionador y disuasorio
que informó la sentencia citada del TJUE, pues dada esta integración
parcial de la eficacia de la cláusula nula, el mensaje que se transmite no
es otro que el de la posibilidad de incumplir los especiales deberes de
transparencia por el predisponente, sin sanción inicial alguna, que es lo
que aquí ocurre al no estimarse la restitución de dichas cantidades con
carácter “ex tunc”, esto es, desde el momento en que venía obligado el
predisponente. Bastando, de cara al futuro, que respecto de otras
posibles cláusulas conflictivas se provoque una acción colectiva de
cesación, cuestión que no descrita su posible instrumentalización abusiva
o fraudulenta al respecto, para condicionar su aplicación a este incorrecto
plano de la retroactividad y, en consecuencia, a la posible eficacia parcial
de la cláusula que se declare abusiva.
OCTAVO.- En virtud de todo lo razonado anteriormente, el
recurso de casación debió ser igualmente desestimado, con la
consiguiente confirmación tanto de la declaración de abusividad por falta
de transparencia real de las cláusulas objeto de examen, como del pleno
efecto devolutivo de las cantidades pagadas desde la perfección o
celebración del contrato, dado que la nulidad de pleno derecho de la
cláusula en cuestión determinó la carencia de título alguno que justifique
la retención de las mismas y su atribución al predisponente.- Firmado y
Rubricado.-Francisco Javier Orduña Moreno.- Xavier O´Callaghan
Muñoz .-
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el
EXCMO. SR. D. Eduardo Baena Ruiz, Ponente que ha sido en el trámite
de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala
Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como
Secretario de la misma, certifico.